De cuotas escolares en Tlaxcala y algo más

Abelardo Carro Nava

Un tema que ha levantado polémica en los últimos días en la entidad tlaxcalteca, ha sido, las “cuotas escolares” que en varias instituciones educativas, se han hecho “obligatorias” con la idea de que, a partir de éstas, se mejoran las condiciones – en diversos rubros – de las escuelas que conforman, principalmente, el nivel básico de enseñanza.

Como seguramente usted sabrá mi apreciable lector, varios medios de comunicación han difundido a través de sus portales electrónicos y de manera impresa, las denuncias sobre ciertas irregularidades que al interior de los centros escolares se han cometido: retención de documentos a los alumnos porque no aportaron la cooperación fijada desde un inicio por los padres de familia, o condicionamiento de una inscripción o reinscripción si no se cubría la cuota fijada por los comités de padres; fueron algunos de los casos que hemos conocido, insisto, por los medios de comunicación que han cubierto esas denuncias.

Como parece lógico, en las redes sociales, específicamente, en los portales de noticias y, hasta en la propia página de la Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE), se pueden leer comentarios diversos en cuanto a esas denuncias. Lamentablemente sobre este asunto, la misma Secretaría no ha podido brindar la información que de claridad sobre estos hechos; es más, su área de comunicación, se ha limitado a publicar una serie de imágenes que refieren algunos artículos de la Ley General de Educación (LGE), pero nada más.

Esta situación, lejos de colaborar para el entendimiento y comprensión del “necesario” involucramiento de los padres de familia, propicia – y ha propiciado –, el encono y/o polarización en torno a un tema que ya de por sí es complejo. Y es que mire usted, como toda norma que ha sido construida por el propio hombre, dicha LGE es susceptible de interpretación. Por ello, es que le propongo el siguiente análisis.

En el artículo 3º de la LGE se menciona: que “…el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria… Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la CPEUM y conforme a la distribución de la función social educativa…”.

Por otra parte, en el artículo 6 de la misma Ley, se observa: “…la educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en su ámbito de competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluación o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna…”.

Más adelante, en el Capítulo II, Del Federalismo Educativo, artículo 12, V Bis, se refiere: “…emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director”.

Ahora bien, en el artículo 25 se puede leer lo siguiente: “…el ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de las educación pública y de los servicios educativos… el monto anual que el Estado… destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del PIB del país…”.

Finalmente, por lo que se refiere a la participación social en la educación. La LGE establece en su artículo 65, párrafo III, que los padres de familia podrán: “…colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos…”. En ese mismo sentido, en el párrafo XI se menciona que dichos padres podrán: “…conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución…”. Así, en ese mismo orden de ideas y orientación jurídica, se aborda lo concerniente a las Asociaciones de Padres de Familia y de los Consejos de Participación Social, en sus derechos y obligaciones.

Como podemos darnos cuenta, son varios los artículos que abordan el tema que hoy me ocupa y preocupa. Y me ocupa y preocupa, porque tal parece que lo que establece la norma como tal, en los hechos, no se está aplicando como debiera. Si esto fuera así, es decir, si se aplicara la ley conforme a estos ordenamientos, ¿tendría que haber problemas en las escuelas públicas de la entidad y del país por la cooperación/donación voluntaria que tendrían que hacer los padres de familia para apoyar al estado en la prestación del servicio educativo?, ¿por qué muchas de estas “cooperaciones” exceden los mil pesos por alumno inscrito pero difícilmente se desconoce el destino de los mismos?, ¿quién las ha hecho obligatorias?, ¿por qué si se habla de donaciones voluntarias esas cuotas se han convertido en una “norma” en varias instituciones educativas?

Caso curioso, los directivos – supongo previo diagnóstico de su realidad escolar –, plantean ante las autoridades educativas y los propios padres de familia, la necesidad de mejorar las escuelas para favorecer los aprendizajes de los alumnos, entonces, ¿por qué las escuelas siguen estando en las mismas o peores condiciones de las que ya se encontraban?

Aún más, ¿por qué si en la misma LGE se establece la participación de los Municipios y Consejos Municipales éstos no figuran ni aportan lo que deberían de aportar a cada una de las escuelas que se encuentran en sus respectivas territorialidades?

En fin mí estimado lector, lamentablemente, más por falta de espacio que de ganas, ésta es una de las realidades que atraviesa el sector educativo en mí querido estado de Tlaxcala; la disonancia entre lo que afirma la SEPE y lo que se vive en las escuelas de nivel básico, existe. No verlo, sería contraproducente y harto complicado para quienes tenemos la obligación de contribuir con ese servicio educativo que refiero pero, también, que en nuestro sano derecho, podemos exigir se transparente el uso de los recursos, desde la propia Secretaría, hasta en las escuelas, con los padres de familia y en los Municipios.

Espero, y lo digo con mucho respeto, que la titular del área de comunicación haya aprendido un poco sobre este tema. Publicar imágenes con algunos artículos de la LEG, es bonito y se ve bonito; no obstante, la comunicación, la buena comunicación, se logra cuando se conoce sobre éste y otros asuntos, cosa que lamentable y desafortunadamente, no priva en ese departamento tan importante para el sector educativo.

 

 

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