«No se vale que estén mintiendo ante los medios porque realmente no son 5 muertos que hay; hay como 18 y no es justo que nosotros estemos padeciendo y ellos estén quitados de la pena…«.
Por: Adriana Dávila Fernández
Javier Hernández, hijo de Marina Sánchez González,
víctima fatal por la aplicación de medicamento adulterado
«Supuestamente ellos a mi papa no le inyectaron la heparina, sino fue en el catéter que le pusieron nuevo, ahí iba la bacteria, ya estaba contaminado».
Agustín Córdoba Magaña, hijo de Salvador Córdoba Díaz,
víctima fatal por el uso de material contaminado en el hospital
La pérdida de cualquier vida humana merece respeto por la dignidad y memoria del ausente, sí, pero sobre todo por el dolor de los familiares y amigos ante lo irreparable. Los que hoy lloran y se indignan por su familiar fallecido, solo acudieron al centro de salud para recibir atención y tratamiento médico ante la enfermedad. Nunca pensaron que a sus pacientes les aplicarían veneno que, lamentablemente, los llevaría a la muerte.
Fue el medicamento “heparina sódica”, anticoagulante que en el tratamiento de hemodiálisis ayuda a que no se forme ningún coágulo en el sistema sanguíneo. Este producto, aunque se argumenta que tenía una caducidad de enero 2021, estaba contaminado, lo que provocó la afectación de 67 pacientes. Expertos afirman que esta sustancia, cuando está caducada, es de alta letalidad y puede ocasionar cuadros de fiebre alta, secreciones y afectaciones a pulmones e intestinos.
Ante la negligencia y perversidad en el suministro de medicamentos adulterados, lo elemental hubiera sido hablar con la verdad, sin pretender engañar a la opinión pública frente a la evidencia. Oficialmente han sido declaradas siete personas fallecidas, pero los medios de comunicación reportan nueve y las declaraciones de familiares aseguran que son más de 18.
Los familiares han denunciado que, en los certificados de defunción, los médicos, carentes de ética, han plasmado que la causa de la muerte de los pacientes ha sido paro cardíaco, paro respiratorio o insuficiencia renal. Las causas son medias verdades, porque la mayoría de los seres humanos mueren por paro cardíaco; es decir, el corazón deja de latir. Aquí lo importante es determinar que lo que causó el deceso fue la adquisición de bacterias por el suministro de medicamento alterado o material contaminado. Todo tiene un por qué. Los fallecidos merecen respeto y los familiares, conocer la verdad, que se castigue a los responsables y recibir la reparación del daño.
Debe darse curso ya a las denuncias administrativas y penales contra quienes resulten responsables; deben intensificarse las inspecciones sanitarias; la Secretaría de la Función Pública debe investigar y sancionar a funcionarios que hayan cometido actos de corrupción o negligencia en la compra, almacenamiento y suministro de medicamentos contaminados.
Doce días después de detectada la primera muerte en el Hospital Regional de PEMEX, en Villahermosa, Tabasco, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió la alerta para evitar el uso de heparina sódica adulterada y contaminada. En un primer momento, el titular del organismo, José Alonso Novelo, declaró que los Laboratorios Pisa estaban involucrados en la distribución del medicamento. Karina Renoirte, directora del laboratorio, informó que desde 2018 no abastece esta solución al Hospital Regional de PEMEX, porque no existe contrato alguno. Sin embargo, aclaró que, en la verificación inicial de los frascos presentados por el nosocomio, se determinó que se trataba de frascos de la farmacéutica alterados con producto falsificado, con el consecuente riesgo de contaminación.
Por su parte, las declaraciones del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, de que «a cualquiera le puede pasar recibir medicamentos contaminados«, son lamentables. Si el responsable de la política pública en la entidad tiene esa visión, ¿qué puede esperar la población en general? Ahora se acudirá a los centros de salud pública con incertidumbre y miedo, como si fuera parte de la rifa de la vida «no sacarse» el medicamento falsificado, o tener la buena suerte de que no le pongan el «cachito» de material contaminado.
¿Cuántas vidas más va a costar la ineficiencia, irresponsabilidad e insensibilidad del gobierno federal para que reaccione y redireccione la política pública en materia de salud, misma que está en uno de los peores momentos de la historia?
Los recortes presupuestales, la centralización en la compra de medicamentos y la inoperante acción del nuevo Instituto para el Bienestar (INSABI), han dejado saldos que no tienen justificación alguna: muchos pacientes han fallecido y muchos más protestan hoy por falta de medicamentos y suspensión de tratamientos médico para niñas, niños y adultos con cáncer o VIH y mujeres con cáncer de mama, entre otros muchos casos.
Vamos de tragedia en tragedia, y muestra de ello es lo relatado líneas arriba. Lo triste es que la gravedad de los hechos solo ha ameritado palabras huecas desde el foro mañanero desde Palacio Nacional, que resultan ser lugares comunes al solicitar un informe sobre lo sucedido o la exigencia de castigar a los culpables. Pero lo que sí se aprovechó para desviar la atención fue dar mayor peso a la respuesta sobre la adquisición de medicamentos en el extranjero, con el trillado señalamiento de que este “gobierno no hará lo mismo que se hacía antes que llenaban con agua las curas para el cáncer”.
Lo que sí se hace es que, ante las carencias presupuestales, se compra y suministra medicamento y material contaminados, con proveedores no certificados, porque la centralización en la adquisición de medicamentos ha orillado a declarar desiertas las licitaciones para proveedores, lo cual sucedió en este caso. Pero esto no justifica la adquisición de medicamentos que incumplan con las normas establecidas para salir del paso. Con la salud y la vida de las personas no se juega.
Debe combatirse la corrupción en el sector salud, puesto que compromete la calidad de la atención médica y de los programas de prevención, cuya efectividad se ve minada por los frecuentes conflictos de intereses que inciden en el modo de actuar de la autoridad sanitaria. Las políticas públicas deben reconocer la presencia de la corrupción en este sector, a partir de un diagnóstico que permita identificar aquellos espacios críticos donde estos actos acontecen y causan graves efectos sobre la vida de las personas, el desempeño de las instituciones y el Estado de Derecho del país.
