Un encuentro con consuelo

 

Por: Adriana Dávila Fernández

Una imagen vale más que mil palabras.

Hace unos días, en cuestión de minutos, se hicieron virales los videos en los que el presidente de México acude a saludar de mano -en una terracería de Badiraguato, Sinaloa-, a la madre de Joaquín Guzmán Loera, alias «el Chapo», otrora poderoso narcotraficante (uno de los más buscados), condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Dejemos de lado la reincidencia presidencial en el incumplimiento de las medidas sanitarias impulsadas en estos momentos desde su gobierno para combatir la posibilidad de contagios masivos del Coronavirus, tales como no saludar de mano, mantener sana distancia entre personas. Lo importante es conocer los detalles bajo los cuales se dio el encuentro y qué protocolos de seguridad siguió el titular del Poder Ejecutivo.

Se sabe que derivado de una gira de trabajo para supervisar la obra de una carretera que comunicará a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, con Badiraguato, el presidente estuvo en la tierra de «El Chapo», en donde «sorpresivamente» tuvo lugar el encuentro para saludar a María Consuelo Loera y confirmarle, de viva voz, que ya había recibido su carta.

Este comportamiento no sólo amerita la atención de la prensa; el pueblo de México merece una explicación, más allá de la justificación que da el presidente sobre ese encuentro «casual» (lo dudo, porque él presume que siempre está informado, que no está de adorno ni de florero), que responde a su «gesto humanitario«, aclararía yo, selectivo, porque no tuvo la misma deferencia con los familiares de alrededor de mil militares y policías que, en el cumplimiento de su deber, han perdido la vida en manos de criminales, ni con los de las más de 40 mil personas muertas de forma violenta en esta administración; vamos, ni una llamada recibieron los familiares de Abril Pérez o Ingrid Escamilla, mujeres asesinadas por sus parejas, ni tampoco la madre de Fátima, pequeña de siete años secuestrada al salir de la escuela y también asesinada después. 

Ni mencionar la ausencia del presidente o de alguno de los integrantes de su gabinete para hacerse responsable del suministro de medicamento contaminado a pacientes que requerían una hemodiálisis y que lamentablemente perdieron la vida en el Hospital Regional de PEMEX en Tabasco. Nueve familias lloran y nadie se ha acercado a ellos ni tampoco nadie está sancionado. Para ellos no hubo un encuentro de consuelo presidencial. De estos temas ya he hablado en otras ocasiones. Por ahora, regreso al tema del narcotráfico.

Pues bien, desde el arranque de esta administración, se dejó muy claro que se iba a reformular la estrategia en el combate a las drogas, con «abrazos, no balazos». El mismo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 menciona que la alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir el tráfico de estupefacientes, además de reorientar los recursos públicos para los programas de reinserción y desintoxicación de las personas; incluso la compra-venta de la droga sería legal, acción que debería ser negociada con la Organización de las Naciones Unidas, por su ámbito multilateral y con nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos de Norteamérica. 

Los delitos del narcotráfico se caracterizan, entre otras cosas, por los niveles de violencia, los flujos de armas y dinero ilícitos, así como la amenaza constante a la salud pública.  Los narcotraficantes desafían de manera abierta al Estado, propician la corrupción y ponen en riesgo la seguridad nacional, porque tienen la capacidad económica para adquirir armas, vehículos, sistemas digitales de comunicación que, por desgracia, supera en número y calidad al que tienen los cuerpos policiacos encargados de combatirlos.

Baste recordar el operativo fallido del mes de octubre del 2019, en el que se iba a cumplimentar una orden de detención con fines de extradición en contra de Ovidio Guzmán. Fue detenido y -ante las manifestaciones violentas, así como las amenazas en contra de la población, en particular mujeres y niños-, se decidió desde «allá arriba» la  liberación del detenido.

En su momento y en el ejercicio de nuestras facultades legislativas, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional formulamos, en la comparecencia del secretario Durazo, una serie de preguntas al Ejecutivo del por qué se había procedido de tal manera, entre otras dudas más. Hasta la fecha, las respuestas han brillado por su inexistencia, desacato que tiene sin cuidado al inquilino de Palacio Nacional, porque él impone su autoridad.

El encuentro fortuito del presidente con la abuela de Ovidio deja muchos cuestionamientos. ¿Será que el gobierno decidió dar por concluida la captura de este joven? ¿Es ya la versión oficial del «perdón y Ovidio¨; es decir, renuncia al cumplimiento de su responsabilidad y opta, en palabras del presidente, por el «Estado de Chueco» que no de Derecho?  Las imágenes de las acciones presidenciales hablan por sí mismas.

Tengo presente que, en el mes de junio del 2015, ante la fuga del Chapo Guzmán del Penal de alta seguridad del Altiplano, el hoy presidente exigió la renuncia del Gabinete de Seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué debe hacer entonces el primer mandatario?

Lo cierto es que una vez que protestó el cargo, el presidente López Obrador declaró el «fin de la guerra contra el narco«… solo que con «abrazos» y a la vuelta de los meses, se han incrementado las muertes violentas y los grupos delincuenciales. Tenemos un gobierno rebasado, incapaz de contabilizar la violencia y los datos criminales derivados del narcotráfico, omiso al problema que genera este delito.

En Acción Nacional tenemos preocupación ante la posible rendición del Estado Mexicano ante el narcotráfico. Es pública la negativa del gobierno para aplicar la ley, así como el debilitamiento institucional desde el ejercicio del poder público. Son alarmantes las señales que se mandan. El pueblo de México exige respuestas. Estaremos atentos a ellas.

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