La promesa decisiva

Por Luis Donaldo Castro Sánchez

Luego de tres debates, a pocos días de la elección presidencial, algo debe quedarnos claro como votantes: de convertirse en Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador va a combatir la corrupción con tenacidad. Así lo indica su discurso del cual esta actividad es eje, más allá de otros temas puntuales; sus adversarios dirían: todo lo quiere resolver acabando con la corrupción. El asunto no es menor, el hartazgo de la sociedad sí se fundamenta en los escándalos de los últimos años. 

Hablamos aquí del discurso que el candidato mismo pronuncia, otras dinámicas tienen sus asesores, voceros, miembros de su gabinete, quienes diversifican el mismo; López Obrador lo acota, y esa reducción cifra el éxito y aprobación de su proyecto en esta muy compleja tarea. 

Ya en 2016, Andrés se pronunció respecto del Sistema Nacional Anticorrupción mencionando lo costoso que sería crear la estructura, que el gasto iría en aumento siendo improductivo, y que este se convertiría en un mecanismo de simulación sin más. En su actual campaña, aunque ha dicho repetidamente que no le gusta, también ha sentenciado que lo usará, pues ya está hecho. Así mismo, ha criticado la dependencia de la Fiscalía Anticorrupción del Ejecutivo, no obstante, ¿él pretende proponer a los contendientes al puesto? No conoceremos al fiscal en cuestión, sino hasta entrados en el próximo sexenio.

En este sentido, Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, y Max Kaiser, presidente del Comité Anticorrupción del IMCO, exhortan a que los nombramientos de los titulares de las secretarías y organismos clave en el gasto público y fiscalización de recursos –SHCP, SFP, ASF, SAT, entre otras- se elijan por medio de mecanismos públicos y transparentes, brindando certeza de su capacidad y calidad moral para ejercer la función encomendada. Por lo pronto, son alentadores los perfiles académicos de Carlos Manuel Urzúa Macías e Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, miembros del gabinete de AMLO para ocupar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de la Función Pública, respectivamente.   

Además, la asistencia internacional es primordial. México tiene convenios con organismos supranacionales -OEA, ONU, OCDE- a los que puede solicitar apoyo en materia de lucha contra la corrupción. Alejandro Ríos, presidente de la Comisión Anticorrupción de la COPARMEX, ha recomendado, a su vez, recurrir al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones financieras que cuentan con mecanismos y sanciones contra actos de corrupción. Andrés Manuel ha brindado señales positivas al mostrar apertura a estas organizaciones, solicitando la asistencia de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para revisar licitaciones en proyectos públicos. 

En fin, ya que los cómo nunca fueron priorizados, lo que queda es asegurar que López Obrador va a combatir la corrupción, está comprometido a hacerlo si piensa en su proyecto a largo plazo. Su administración, asumiendo que resulte electo, se verá obligada a lograr resultados destacables en este tema que pasa no solo por la voluntad y el ejemplo, esenciales por supuesto –el caso de Layda Sansores representa el tipo de prácticas de la clase política que deben ser erradicadas y no defendidas-, sino también por acciones específicas que favorezcan el funcionamiento óptimo de las instituciones, restituyendo la confianza de los ciudadanos en las mismas. 

El candidato y su partido han logrado efectivamente concentrar las aspiraciones de cambio del pueblo mexicano, sería una lástima –pero, sobre todo, muy revelador de la política en México- que el proyecto de transformación que presumen caducara tan solo después de seis años, a raíz de resultados mediocres que desencanten a la sociedad. Acabar con la corrupción es entonces la promesa que Andrés Manuel y Morena deben cumplir para consolidar su credibilidad. Seis años no son suficientes, pero sí cruciales.    

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