Por: Adriana Dávila Fernández
El primero de octubre de este 2020 será recordado en la historia de este país, por el atropello legal que, desde las instancias de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se hizo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, a instrucción expresa del inquilino de Palacio Nacional.
Por un lado está la lamentable decisión de seis de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que inclinaron la balanza hacia la aceptación de la constitucionalidad de someter a «consulta» el enjuiciamiento a los ex-presidentes de México, aunque hayan propuesto reformular la pregunta. Surtió efecto la presión presidencial que se ejerció durante varias semanas, en lo relativo a la aplicación de la ley a modo y la impartición de injusticia, porque, en palabras de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, “no se puede consultar si el Estado debe cumplir o no con su mandato de procurar justicia a quien le corresponde hacerlo según la Constitución”.
Distintos y distinguidos juristas, especialistas en Derecho Constitucional, anticipaban la inconstitucionalidad de esa Consulta Popular, por incumplir con la norma máxima. Con esta decisión, queda definida la ruta para simular el apego a la norma constitucional en la próxima contienda electoral. Perversa estrategia con fines electorales, convalidada por la mayoría de las y los ministros.
Por el otro lado, en el Poder Legislativo se aprobaron modificaciones legales -quizás porque para el gobierno en turno, el cumplimiento de la ley no es importante-, para entregar el control de todos los puertos del país a la Marina Armada de México, parte de nuestras Fuerzas Armadas, en abierta violación al texto constitucional en su artículo 129, que señala que «En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar«. Morena accedió a la militarización del país, contrario a lo que ofertó en la pasada campaña electoral.
Y todavía más, ante las crisis sanitaria y económica que enfrentamos, en la larga sesión también se presentó ante el Pleno el dictamen para extinguir 109 fideicomisos que apoyan ciencia, educación, cultura, deporte, protección de derechos humanos, apoyo ante desastres, entre otros; lo que significa que el gobierno morenista dispondrá de más recursos económicos para utilizarlos sin reglas claras, con absoluta discrecionalidad y con fines también electorales.
Su justificación radica en que se apoyará al sector salud. Una mentira más, porque sin duda este ha sido uno de los sectores más castigados en recorte presupuestal, sin ajustes visibles para equipo hospitalario y medicamentos, aún sin recibir el «premio mayor» de la rifa sin avión presidencial… sencillamente, no llegan los recursos necesarios.
Por cierto, se levantó la sesión porque algunos legisladores de la mayoría y sus aliados se ausentaron y se perdió el quórum necesario. No tengo duda que el día 6 de octubre, sin escuchar razones ni presentar argumentos válidos, la mayoría artificial avalará la orden presidencial.
En ambos casos, el Poder Legislativo tuvo sesiones de Parlamento Abierto. Me pregunto, ¿de qué sirve la Constitución si se acepta la imposición de un solo hombre? ¿De qué sirve la ley, si no hay voluntad para cumplirla y las leyes están sujetas a la instrucción presidencial? ¿De qué sirve la responsabilidad y la ética legislativa? ¿De qué sirve el Parlamento Abierto, para desahogo de especialistas, activistas e interesados en los distintos temas y para simular que se escucha y se atiende?
Lo cierto es que en este jueves negro, las únicas constantes han sido la arbitrariedad y la cerrazón. ¡Qué daño hacen a este país Morena y sus aliados, sumisos ante los caprichos presidenciales!
