Por: Adriana Dávila Fernández
Desde que protestó el cargo el primero de diciembre de 2018, el presidente gobierna a través de sus mensajes y símbolos. No le ha importado el tamaño del problema, lo que comprometa o represente: si han aumentado los índices de violencia y feminicidios, no importa, los “abrazos” son un buen escudo contra los “balazos” y las mujeres están para “cuidar a los padres y abuelos”; si no se ha logrado reducir el número de contagios y defunciones por Covid, no importa, se ha domado a la pandemia; si hay desabasto de medicamentos que afecten, entre otros, a niños con cáncer, no importa, “no es médico”; si miles de negocios han cerrado y se calcula que 12 millones de personas pasarán a formar parte del índice de pobreza en este país, no importa, sigo con la construcción del aeropuerto, el tren Maya y Dos Bocas. Lo importante es cómo el presidente va a transmitir su mensaje político, para que el público le aplauda, para escuchar elogios, aunque los problemas no se resuelvan.
Así es como el mensaje de “austeridad republicana”-que no necesariamente implica la “honestidad” de esta administración- tiene el propósito presidencial de llenar las arcas de dinero público y disponer a su antojo de los recursos públicos. A este ritmo, ya se dieron cuenta en Palacio Nacional no habrá dinero que alcance, sobre todo si no hay incentivos o programas económicos que reactiven la actividad empresarial, de la cual se generan millones de empleos, sobre todo después de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Y dado que el primer mandatario cuenta con un gabinete que se caracteriza o por ensalzarlo y festejarle sus arbitrariedades, o por la inacción irresponsable, ignorante e incondicional frente a sus órdenes, el ejemplo de la Secretaría de Economía es preocupante, porque en “cumplimiento” al decreto que le obliga a observar las medidas de austeridad aplicables a toda entidad y dependencia de la administración pública federal, que consiste en no ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, ha informado que reducirá al 75% los equipos de cómputo de que dispone, lo que pone en entredicho la operatividad y funcionalidad de los entes gubernamentales, los cuales tienen objetivos y programas que están obligados a cumplir. Vamos, el diseño institucional no debe ser parte de la colección de floreros presidenciales.
Tres de cada cuatro empleados (cerca de 2 mil en total) se quedarán sin equipo, por lo que impera la incertidumbre sobre la forma en que realizarán su trabajo; tendrán que decidir entre ocupar sus computadoras personales o pagar la “módica” cantidad de 4 mil pesos, a la empresa arrendadora, para conservar su equipo. ¿Cómo se dará cumplimiento al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula como obligación del patrón, proporcionar oportunamente a los trabajadores, los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo?
El absurdo son las palabras presidenciales: “Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía, ¿qué?, ¿estaban esperando que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar?” Nuevamente la desviación del tema, qué tienen que ver las gestas históricas con el derecho de los trabajadores a desempeñar, de manera digna y eficiente, sus actividades. Es triste reconocer la visión arcaica de este gobierno.
Querer trascender en la historia nacional a costa de graves errores y omisiones, de la polarización social que día a día se incentiva, de enaltecer el ego personal en la voz del “pueblo bueno”, es una sinrazón si no hay política pública eficiente en beneficio de todas y todos los mexicanos. De qué sirve una “austeridad republicana” si no hay bienes y servicios públicos que funcionen, si ello implica la parálisis gubernamental.
