Marco Antonio Ferriz Z.
En medio de una gran incertidumbre por lo que significaría la aprobación del denominado Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Emmanuel Ávila González como nuevo presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para los próximos siete años.
Se preveía su designación por lo proclive que fue el Consejo General del INE en el primer dictamen puesto sobre la mesa en agosto de 2022, dentro del cual se impulsaba a Moisés Palacios Sandoval como presidente del ITE. Las mentiras de este funcionario electoral sobre el tiempo de su residencia en Tlaxcala, hicieron que el concurso se declarara desierto, haciendo a un lado la propuesta de Marbel Juárez Zapata, quien se suponía también estaba capacitada para ocupar el cargo.
Con ese antecedente ya se preveía, entonces, la unción de Emmanuel Ávila González sobre Edith Salazar Degante, situación que se concretó este miércoles 26 de enero.
Así como el dictamen aprobado señalaba a Emmanuel Ávila como capacitado para ocupar la presidencia del ITE, así también Edith Salazar lo estaba, como lo está, para haber sido designada en esa responsabilidad. Más que por una cuestión técnica, no lo fue por una cuestión política, pero sobre todo para dar la alternancia de género en la presidencia del ITE, después de que ésta fue ocupada por Elízabeth Piedras Martínez.
De ninguna forma este espacio demerita la designación de Ávila González, más bien al contrario, su desempeño como funcionario dentro del INE lo recomendaba para ocupar el cargo. Ahora se espera de él un adecuado comportamiento profesional y político, de cara a la organización de una elección en 2024 que no será nada sencilla.
Por lo pronto, aunque el ITE no enfrenta algo similar a lo de otros institutos electorales, tales como Nayarit, San Luis Potosí y Colima, donde existen recortes presupuestales por más del 70 por ciento durante este año, lo cierto es que en Tlaxcala este órgano electoral no vio reflejado en su presupuesto anual la solicitud presupuestal original de 116.8 millones de pesos.
El Ejecutivo primero, y el Legislativo después, disminuyeron en 3.4 millones de pesos la partida presupuestal del ITE para 2023.
La cifra no es menor y por supuesto que el Consejo General tendrá que ajustar partidas. Lo cierto es que el tema presupuestal ya trae consigo un reto importante, que se sumará al ajuste que ya se prepara dentro del INE si se concreta el Plan B de la reforma electoral impulsada por López Obrador, ya avalada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sólo falta ver qué decide el Senado de la República, pero todo hace indicar que la iniciativa será aprobada.
De ser así, al menos 2 mil trabajadores del INE habrán perdido su trabajo, pues tal reforma implica, como este jueves lo informó el periódico Reforma, la mutilación de sus 32 Juntas Ejecutivas Locales y sus 300 Juntas Ejecutivas Distritales. Pero no solo es eso, sino que además habrá una disminución de facultades al órgano de fiscalización y se prohibirá la suspensión del registro de candidatos por rebasar topes de campaña.
Eso, si bien implica una afectación al INE, también lo será para el ITE y obligará a trabajar todavía más cerca a ambas instituciones. Lo que viene no es fácil, pero el nuevo presidente del órgano electoral local tiene algunos meses para empezar a poner suficiente orden.
Tal vez por eso mismo en el INE prefirieron tener a alguien de casa, pues en el primer dictamen como en el segundo, las propuestas todas pertenecen a la estructura del órgano federal. Ahí no hubo piso parejo.
