Por: Adriana Dávila Fernández
Diputada federal
Hace unos días, el titular de la Auditoría Superior de la Federación presentó el Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública del 2019 del Gobierno Federal, con observaciones sobre los errores e irregularidades detectadas en el gasto de distintos programas y dependencias de la Administración Pública Federal.
Es todo un escándalo desde cualquier punto de vista porque, si los datos aportados son correctos, resulta ser que estamos ante un quebranto patrimonial de nada menos que de 67 mil 500 millones de pesos, relacionados, principalmente, con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); con la inviabilidad del aeropuerto Santa Lucía, del tren Maya y de la refinería Dos Bocas; con la opacidad e irregularidades que imperan en los programas sociales, en especial el de «Jóvenes Construyendo Futuro», en el que se apoya a fallecidos, aviadores o se duplican las becas. Valiente combate a la corrupción y al deterioro económico, con una probada ineficiencia en política pública, nada nuevo en el sello de los gobiernos morenistas.
Ante el informe presentado y el señalamiento público de pocos resultados y falta de transparencia, en el tradicional desgaste matutino, el inquilino de Palacio Nacional, enojado, hizo énfasis en que la información presentada era incorrecta y que él tenía otros datos (como siempre, arremete contra quienes pongan en tela de juicio su realidad, ya sean órganos independientes, adversarios políticos, empresarios, especialistas, académicos, profesionistas, periodistas).
Horas después, el auditor se retractó y justificó las diferencias por posibles errores metodológicos. Es preocupante que este órgano asuma inconsistencias en este proceso, pero es mucho más grave que se haya retractado después del regaño presidencial. El auditor tiene que ser llamado a cuentas; junto con su equipo, deben asumir las consecuencias de sus actos, omisiones y declaraciones públicas. ¿Qué certeza se puede tener ahora en la información presentada? ¿Efectivamente es un trabajo mal hecho o más bien doblegaron a la cabeza de la ASF?
El asunto no terminó ahí. El 25 de febrero, el presidente solicitó -velada exigencia- a la Cámara de Diputados, «una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la ASF«, refiriéndose solo a la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Es curioso que el emperador de Palacio apele a la ‘observancia del principio de la separación de Poderes’, cuando tiene arrodillada a una mayoría legislativa que no tiene permiso ni siquiera para cambiar una «coma» de sus iniciativas, y cuando además tiene sometido al Poder Judicial, al que amenaza con un «o resuelves por las buenas o cambio las leyes».
Con la misma rapidez con la que envió la carta al recinto de San Lázaro, así tendría que proteger a médicos y enfermeras; proporcionar medicamentos a niñas y niños con cáncer y, en el caso de Covid-19, en un acto de sensatez, debería cambiar su fallida estrategia que hoy tiene enlutadas a más de 183 mil familias.
Con esa misma celeridad debería incentivar la economía, abatir el desempleo y evitar el deterioro del poder adquisitivo.
Con esa misma velocidad debe aceptar que su movimiento se transformó en una cueva de leales, sí, pero corruptos, cínicos y convenencieros. Es necesario que con la misma rapidez, barra las escaleras de su gobierno de arriba para abajo. No basta con austeridad, hay que ser honestos, responsables y eficientes en la búsqueda del bien común.
Y por supuesto, con esa misma prontitud estaría obligado a no «ser tapadera«, «callar como momia» y solapar actos de corrupción, como los de su hermano, que ni pío dijo, o los contratos de su prima con Pemex, o la defensa del impresentable candidato de Morena al gobierno de Guerrero, sobre el que prefiere decir «ya chole» que aplicar la ley. Con la misma rapidez.
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