Marco Antonio Ferriz Z.
El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros sufre de una falta de credibilidad. Esa percepción se manifiesta, sobre todo, en el caso de los últimos acontecimientos relacionados con los sindicatos, el 7 de Mayo y el de la Secretaría de Salud. Sin embargo, no son los únicos, hay varios más que abarcan el ámbito educativo, el de movilidad, el de seguridad pública, el de procuración de justicia o el de las mujeres.
La falta de credibilidad sucede cuando no existe coherencia entre el discurso y la acción. Y eso es lo que ha sucedido en el caso del gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros. Los casos más ejemplificativos de ello los vimos la semana pasada, cuya movilización de cientos de agremiados a esas dos organizaciones sindicales se movilizaron de tal forma que lo vivido en calles de la ciudad de Tlaxcala rayó en momentos de ingobernabilidad.
Lo anterior derivó en la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno estatal y representantes de esos sindicatos. Apenas el martes de esta semana el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, afirmó que en ese diálogo existe un ambiente de respeto y hay una intención de llegar a una conciliación.
En una entrevista con medios de comunicación, al referirse al Sindicato 7 de Mayo, el funcionario estatal aseguró que el gobierno estatal no realiza actos de intromisión y que, al contrario, busca coadyuvar en la solución del conflicto entre quienes encabezan las planillas para la renovación de la dirigencia.
Si no fuera porque los hechos le contradicen, González Hernández tendría el beneficio de la duda. Sin embargo, es clara la intromisión gubernamental, no sólo para influir a favor de una de las candidaturas a la dirigencia sindical, en este caso de Karina Erazo Rodríguez -cuyos padres son claramente proclives a Lorena Cuéllar Cisneros porque apoyaron su candidatura a la gubernatura-, sino porque también se ha entrometido en las decisiones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Así como pretendió influir en la elección del Sindicato de la SESA, con un fracaso rotundo para evitar la reelección de Blanca Águila Lima, así también pretende hacerlo en el caso del Sindicato 7 de Mayo. La intromisión tan evidente ha causado el rechazo de una mayoría de trabajadores afiliados a esas organizaciones sindicales.
No se trata de que esos sindicatos violenten sus regímenes legales internos para imponer liderazgos, como sucedió en el caso del ex dirigente del Sindicato del 7 de Mayo, Edgar Tlapale Ramírez, cuya corrupción como secretario general fue evidente para beneficiarse él y sus cercanos con recursos millonarios y asignación indebida de plazas. Eso debe seguir su cauce legal. Sin embargo, sí se trata de respetar la vida interna de las organizaciones sindicales, de lo contrario, lo que el gobierno lorenista ocasionará es la agudización del rechazo y la animadversión que ahora mismo impera en un número nada despreciable de la clase trabajadora.
Recientemente se dijo en este espacio lo peligroso que resultaría si el Ejecutivo pretende tomar el control de todo. Lo ha hecho, con relativo éxito, en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso del estado y en los espacios burocráticos dentro de la administración pública. Es probable, con estas experiencias, que lo mismo pretenda hacer con otras organizaciones sindicales, por lo que ya hizo encender alarmas en otras dirigencias.
Pareciera que este tipo de estrategia tiene que ver con el proceso electoral 2024, sin embargo, el alineamiento pretendido no se hace a la fuerza, sino por convencimiento. Se hace en las urnas, no mediante chantajes a representantes populares para cambiar de camiseta habiendo ganado por un partido político diferente, como ha sucedido con algunos presidentes municipales.
Que Morena se haya convertido en partido gobernante y haya hecho ver a los partidos de oposición en una crisis por una probable desaparición -como sucede ahora con los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática-, no significa un morenismo absoluto para dar continuidad a un proyecto iniciado en 2018 en el caso del gobierno federal, o en 2027 en el caso del gobierno estatal.
Se requiere un buen gobierno para convencer a electores y tener el respaldo ciudadano. Es claro que en el caso del gobierno federal no lo ha sido. En el caso de Tlaxcala falta mucho por ver.
