Domar la corrupción

Por: Adriana Dávila Fernández

En la lógica de la 4t, desde antes de la campaña electoral, la polarización entre buenos y malos ha sido la constante en su comunicación política: «si estás conmigo, no puedes apoyar a los que piensan diferente a mí… Si apoyas a mis adversarios, significa que formas parte de los conservadores, los neoliberales, los fifís«.  

Es más, muchos seguidores de quien ya ocupa la presidencia de la República, si alguien se atreve a cuestionar o poner en duda la instrucción del pastor, es motivo suficiente para que ataque, desde el linchamiento público -presencial o digital- hasta el señalamiento temerario de la preferencia electoral diferente, lo cual explica lo viciado del pensamiento torcido del actuar, sin importar que todos tenemos el derecho a razonar de manera distinta.

Por default, llevamos 17 meses escuchando que todos los males de la Patria, absolutamente todos, son producto del modelo neoliberal y corrupto que, a los ojos del gobierno actual, está en el momento crítico de su derrumbe. Se ha señalado que una de las tantas consecuencias de este modelo es la inmoralidad de las relaciones de conveniencia entre algunos empresarios y las autoridades; del descarado conflicto de interés con proveedores de servicios; del aprovechamiento del poder público para jugosos negocios personales.

Se quiere aparentar que «llegó» la 4t para acabar con todos esos males del pasado. Se argumenta que ahora sí hay valores y calidad moral; que la corrupción de los gobiernos anteriores es el mal, y limpiar al gobierno -como las escaleras, de arriba para abajo- es la verdadera misión transformadora de esta administración. Incluso se ha escuchado que no hay espacio para las comparaciones, porque… «eso sí calienta», puesto que son y serán distintos.

A los ojos de la sensatez, el proyecto transformador tiene un manto de inmunidad para los siguen ciegamente las instrucciones presidenciales. Poco importó que Manuel Bartlett, secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, haya sido responsable de la caída del sistema de cómputo electoral en 1988, con lo cual se acusó de fraude a Carlos Salinas de Gortari en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Y en este gobierno, qué más da si ante la denuncia de adquisiciones inmobiliarias simuladas del funcionario neoliberal y su familia, hoy convencido morenista, con todo y prestanombres, la titular de la Función Pública, al conocer de las irregularidades, decide mirar a otro lado. Las matemáticas son simples: la suma de todos los salarios como funcionario público, no equivale a la posesión de tantos inmuebles, salvo claro, que la cantidad se multiplique por impunidad.

Qué importa si el gobernador electo de Baja California decide imponer un decreto para alargar su mandato, o si el mismo presidente presenta una iniciativa para invadir competencias que le corresponden solo a la Cámara de Diputados para realizar modificaciones presupuestales, si en ambos casos, la ministra en retiro, responsable de Gobernación, guarda silencio ante la violación del orden constitucional.

Lo vergonzoso es que, mediante una investigación de ciudadanas y ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y con información oficial, además del esfuerzo de algunos periodistas por dar seguimiento a las inconsistencias en las que cae este gobierno, hemos conocido de verdaderos atracos a las finanzas públicas, en nombre de las emergencias que hay que atender debido a la pandemia del Coronavirus: cubrebocas y ventiladores a sobreprecio, estos últimos asignados directamente, sin que haya existido ningún proceso de licitación, a León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en un claro y flagrante caso de corrupción.

Lo deprimente es escuchar las justificaciones oficiales que se llaman a la sorpresa: resulta que no se habían dado cuenta que se trataba del hijo del funcionario de la CFE. ¿Es esto posible? ¿No revisaron el acta constitutiva? Y en el colmo, ante la pregunta del sobreprecio, se argumentó que el mayor precio se dio en los ventiladores adquiridos por la Jefa de Gobierno. Valiente consuelo de la 4t. A final de cuentas, son peores que aquellos que tanto critica, ya que resulta que este gobierno le ha concedido contratos al hijo de Bartlett, mediante el Ejército, la Marina, el IMSS y el ISSSTE, por más de 162 millones de pesos. Tema de escándalo para el otrora opositor:  «domar», de una vez por todas, la corrupción.

Estos hechos que, por su magnitud han lastimado no solo a las finanzas públicas, sino que han cobrado vidas humanas, han dejado claro que la impunidad para los suyos, sus cuates, es el sello de Palacio Nacional.

El precio que hemos pagado como sociedad ha sido muy alto en defensa del combate a la corrupción. Y uno de los sectores más lastimados ha sido precisamente el de salud, hasta llegar al absurdo de dejarlo sin recursos desde el 2019. La catástrofe no se hizo esperar: médicos residentes exigiendo su salario; desabasto de medicinas en general y aquellas que necesitan niñas, niños y enfermos de cáncer y VIH; falta de reactivos químicos para análisis y estudios especializados, así como de equipo y material; compra y suministro de medicamento adulterado que ha cobrado muchas vidas, son solo algunas de las deficiencias que han impactado de manera frontal en la salud pública de los mexicanos, en especial los más vulnerables.

La llegada del Covid-19 ha hecho más evidente no sólo las crisis sanitaria y económica que estamos pasando, sino la permanencia de la corrupción y la acción de solapar arbitrariedades y abusos. Estos datos señalan lo evidente: no eran distintos, son peores, porque se han aprovechado de la buena fe y esperanza de las y los mexicanos. En pocas palabras, el virus de la corrupción contagió a la 4t.

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