Marco Antonio Ferriz Z.
Sólo horas nos separan de las elecciones del domingo y ya desde ahora se respira un tenso ambiente político. Contra lo que pudiera pensarse, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido el principal responsable de ello.
Sus constantes ataques y descalificaciones a los órganos electorales, principalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), su intervención directa y repetida en el proceso electoral para favorecer a los suyos, sus declaraciones minimizando la violencia y los asesinatos contra candidatos de todos colores partidistas, son solo ejemplo de lo contrastante de su actitud cuando exige a los gobernadores de todas entidades federativas no intervenir en los comicios.
Eso hace que las elecciones del domingo no se vean con entusiasmo suficiente y como la fiesta cívica y democrática con que debería verse el hecho de que seamos nosotros quienes elijamos a nuestras futuras autoridades.
Pese a ese disminuido entusiasmo, lo que preocupa no es la elección sino lo que sucederá un día después, el 7 de junio. Más aún cuando desde la presidencia de la República y del partido en el poder –que en este caso es el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- ha surgido un discurso de polarización y de clara crítica sin fundamento hacia el árbitro electoral.
Eso que a nivel federal ha sido una constante, se ha replicado en las entidades federativas, como es el caso de Tlaxcala. No es casual que ahora mismo existan claros señalamientos de desconfianza en contra del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), lo que se traduce en adelantadas críticas a un Programa de Resultados Preliminares (PREP) y a la exigencia de volver a sesiones presenciales en el Consejo General cuando la pandemia sigue presente.
Todo ello, en su conjunto, hace que se vea con preocupación el día después de la jornada electoral. Porque si las urnas determinan un triunfo para los adversarios, es claro que la judicialización de las elecciones será una realidad. Vendrán después, en consecuencia, advertencias y críticas a los jueces encargados de la calificación de los comicios. Y seguramente también movilizaciones de presión.
En el caso de la gubernatura, lo deseable es que el domingo surja una ganadora con el suficiente margen de diferencia para evitar un posible conflicto postelectoral. Pero eso no se ve fácil, a pesar de que algunas encuestas dan como muy posible vencedora a Lorena Cuéllar Cisneros sobre Anabell Ávalos Zempoalteca.
Así que los equipos jurídicos de ambos bandos tendrán que preparar el terreno para salir a escena. Lo que ahora se observa es que en el equipo de la segunda existe mejor preparación en materia de impugnaciones electorales. Ya habrá tiempo de demostrarlo, si no en la derrota, sí en la defensa de una victoria, la cual no es imposible de alcanzar si las estructuras partidistas cumplen su papel.
La izquierda –si así puede llamarse al amasijo entre Morena, PT y PVEM- no ha sido reconocida con la presencia de buenos abogados en materia electoral, pero en el caso de Lorena Cuéllar ya existe la experiencia de 2016. No cometer errores similares de aquel año es indispensable en ese equipo si desea salir avante en el trabajo encomendado.
Por lo pronto, los ciudadanos debemos cumplir el nuestro, que es votar el próximo domingo. Y que nuestra elección sea la mejor en los tiempos difíciles que se avecinan.
