El blindaje de la zona sur

Marco Antonio Ferriz ZMarco Antonio Ferriz Z.

Se equivoca el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, cuando dice que “Tlaxcala no será panteón o fosa común de otros estados”. Ya lo es.

No es desde el inicio de este gobierno en que el territorio estatal se ha convertido en panteón o en tiradero de cadáveres. Lo es desde administraciones pasadas, sólo que en últimas fechas ese problema se ha recrudecido.

Son muchas las notas periodísticas donde se lee sobre la localización de cuerpos de personas muertas, algunos desmembrados y otros más con huellas de violencia, pero es clarísimo que el número de casos ha crecido. Si eso no es haber convertido a Tlaxcala en tiradero, qué más podría no ser eso que el funcionario estatal dice que no se permitirá.

Es claro que los cuerpos encontrados por las autoridades tlaxcaltecas son provenientes del vecino estado de Puebla, aunque no todas las personas muertas estén registradas allá. Esa entidad federativa tiene un enorme problema de delincuencia organizada, que comenzó a crecer en los tiempos del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

La delincuencia organizada en Puebla tiene su origen, principalmente, en dos graves problemas: la presencia del narcotráfico, incluido el narcomenudeo; y la extracción ilegal de combustible, mejor conocido como huachicol. De hecho, en esa entidad federativa existen bandas que se disputan el control de diversos territorios, y esa disputa ocasiona enfrentamientos y venganzas que, a su vez, se traduce en muertes.

Y eso sucede, principalmente, en la parte poblana que colinda con el territorio sur del estado de Tlaxcala. Por eso hace bien el gobierno estatal lorenista en blindar esa zona con la presencia de elementos de seguridad, federales y estatales. El cuestionamiento es por qué hasta ahora se da el blindaje, si el problema no es nuevo.

González Hernández informó que desde el miércoles de esta semana Tlaxcala fue blindada para evitar que el territorio tlaxcalteca se convierta en tiradero de personas asesinadas, acción que coincide con la llegada, hace diez días, del General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Raúl Ruiz García, como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana.

La pregunta que ahora mismo surge es qué tipo de armamento habrá de cargar cada uno de los elementos policiacos estatales, y si éstos se encuentran debidamente entrenados y capacitados para ese tipo de actividades, que parecieran más propias de la Guardia Nacional.

En su presentación como nuevo integrante del gabinete estatal, el General dijo que el personal policiaco a su mando desempeñaría sus labores sin preocuparse por garantizar el bienestar de su familia, ante lo cual, el otorgamiento de la seguridad social sería una de las pretensiones en su gestión.

Pareciera, sin embargo, que el nuevo secretario de Seguridad requerirá más que esas dos promesas para salir bien librado, sobre todo porque muchas familias de policías estatales no estarán contentas de que su principal proveedor de recursos esté frente a la posibilidad de perder la vida en caso de que se den enfrentamientos con criminales. Hará falta más que la promesa de otorgar seguridad social a los elementos policiacos. Al menos seguros de vida, situación que el gobierno estatal no ha mencionado.

Y más: no es sólo blindar la parte sur del estado, sino también llegar a entendimientos y colaboración con el gobierno poblano encabezado por Miguel Barbosa Huerta. Porque una cosa sí es clara, con un blindaje propio no se acabará este problema.

Comentario: Cuidado con la aplicación de la fuerza pública. Este jueves pareció un exceso policial la detención de un joven que participaba en una marcha que para nada tuvo un comportamiento como aquella del pasado 8 de marzo. Tal acción también es coincidente con la llegada del nuevo secretario de Seguridad. Más valdría observar al funcionario con más detenimiento.

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