El problema es la negación

Por: Adriana Dávila Fernández

La semana pasada comenté sobre la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) con respecto a la violencia política en razón de género de la que fui objeto, misma que se presentó y se aprobó en la sesión ordinaria de su Consejo General, el 26 de noviembre del año en curso.

El acuerdo es histórico, porque marca un precedente para poner un alto a todos aquellos que pretendan ejercer cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Determina que el agresor presente una disculpa pública por las expresiones violentas y realice un curso en línea sobre sensibilización para no cometer más actos violentos. El INE notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, supongo, para que se cumplan las determinaciones.

A la mencionada sesión llegó el violentador, no sólo para manifestar argumentos que justificaran su no acatamiento a la resolución del INE, sino también dispuesto a intimidar e insultar a la autoridad electoral e imponer su voluntad, en nombre de la libertad de expresión, su fuero legislativo y sus derechos como diputado. El agresor se sintió agredido, censurado, amordazado, víctima de la injusticia, sin aceptar que sus dichos insultan y violentan la dignidad, honorabilidad e integridad de las mujeres.

Esta conducta es reflejo de la clase política gobernante, la cual acata las normas cuando le conviene; amenaza y ofende, si carece de argumentos; simula cambio, aunque reproduzca viejos esquemas; decide mirar a otro lado ante la contundencia de las pruebas; abusa del cargo en nombre de una mayoría electoral; busca imponer sus decisiones con violencia; opta por no acatar las normas; la que aplica la justicia selectiva; la que juzga que si no estás con esa clase política, «estás contra ella«.

No nos sorprende a quienes conocemos el autoritarismo y hemos padecido los exabruptos violentos del diputado en distintos momentos. Lo incongruente es que estos comportamientos se den en la Legislatura que se dice de «la Paridad de Género», sin siquiera reparar en la falta que se comete.

Debe destacarse, sin personalizar, la decisión de la autoridad electoral de no permitir este tipo de conductas, que no son sólo reprobables para las mujeres, pues tampoco deben ser consentidas para los varones. Lo preocupante del caso es la constante negación de un problema evidente como es la violencia política. Hay una «normalización» de conductas hostiles, que pretenden intimidar y someter a las mujeres y, por desgracia, incitan a otros a ejercer distintos tipos de violencia para inhibir la actividad política. Es lamentable que, además de negar la situación -a pesar de que existe evidencia de lo sucedido en un video que exhibe las expresiones manifestadas durante un evento partidista-, se busque evadir la responsabilidad de los hechos sancionados con interpretaciones a modo de las leyes.

En materia de violencia política que, generalmente no se ve pero cómo se siente, hay largo trecho por recorrer. Celebro lo dicho por la consejera Adriana Favela: “el mensaje que estamos dando es cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres y, sobre todo porque vamos, en el 2021, al proceso electoral más grande de toda la historia de nuestro país, y tenemos que garantizarles a las mujeres que participen libres de violencia«.

Quienes desempeñamos un cargo público tenemos una obligación mayor de tender la mano a otras mujeres que quieren incursionar en la vida política o en la administración pública. No permitamos las distintas formas de agresión que califican, calumnian, imponen, incitan, lastiman, ofenden, señalan. Tenemos que trabajar para poner un alto a los privilegios y a los abusos que dan paso a la impunidad. Es urgente erradicar toda forma de violencia política.

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