Por: Adriana Dávila Fernández
Diputada federal
Cada día se hacen más evidentes los difíciles momentos que se viven en nuestro país: entre propios y extraños, se incrementa el número de personas contagiadas de Covid-19 (me incluyo), miles han padecido síntomas leves; muchos de los que han tenido que acudir a centros hospitalarios, por desgracia, no han sido atendidos… dramáticos testimonios, y para colmo, ni siquiera se tiene un plan estratégico de vacunación.
Es inocultable la incapacidad del gobierno y su mortal estrategia de respuesta. Aumentan las familias envueltas en el dolor por la defunción de un ser querido; hoy son casi 163 mil. Y a pesar de estas cifras, continúa el discurso del mes abril del 2020: «vamos bien…«, «hemos podido domar la pandemia…«, «ninguna persona se quedará sin ser atendida…«, y la reciente, antes del contagio presidencial, «ya se ven las lucecitas que indican que vamos a salir del túnel en que nos metió la pandemia«. Lo cierto es que el número de fallecidos supera la afirmación absurda de haber controlado la curva epidémica.
Tanto gobierno como su horda leal de acompañantes desconocen la realidad en datos, reparten culpas y descalifican cualquier crítica, demanda o sugerencia. Utilizan las palabras de forma irresponsable para continuar con la narrativa de odio y confrontación entre las y los mexicanos, mientras que además de la lamentable situación de salud, la economía nacional continúa en picada, con un incremento de 12 millones de personas más que viven en situación de pobreza; no alcanza para llevar suficiente comida a la mesa familiar; muchas y muchos han perdido su fuente de empleo o, peor aún, han bajado las persianas o cerrado las puertas de sus comercios, porque sencillamente no hay apoyo de la autoridad.
Pese a lo anterior, se continúa con el reparto de recursos públicos para fortalecer una estructura electoral (se han acabado casi todos los ahorros que se tenían para emergencias de sexenios anteriores, y no precisamente por la pandemia); para destinar recursos al aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, en lugar de fortalecer la economía de las familias, elevar la calidad de los bienes y servicios públicos, y proveer de medicamentos oncológicos a quienes lo necesitan. Y ante el caos, todavía hay quienes justifican estas decisiones e incitan a la violencia en contra de toda persona que no acompañe la voz del patriarca, como si pensar diferente fuera uno de los peores delitos.
Es notorio el malestar del gobernante y de sus simpatizantes, cuando las líneas editoriales hacen evidente sus formas corruptas para ejercer el poder; cuando se levantan las voces desde la oposición o de integrantes de la sociedad civil. Contra la libertad de expresión, se reacciona con censura; a falta de argumentos, se utilizan formas violentas para intimidar y tratar de callar-silenciar. No hay duda de que debe elevarse el nivel del debate.
La riqueza de la democracia está, entre otras cosas, en el pluralismo que se da entre los actores políticos. La sociedad no es homogénea, por tanto, no puede pensarse en la uniformidad de ideas, opiniones e intereses. Al contrario, quienes nos desenvolvemos en el terreno político reconocemos que el debate se genera por la diversidad de ideologías, por el compromiso de que cada quien defienda las diferentes posturas, pero con datos, con argumentos técnicos y jurídicos, que se reflejen en debates de altura y no en meras denostaciones ni agresiones a los adversarios.
Debatir, polemizar, implica la exposición de visiones que discrepan entre sí, en un pleno sentido de libertad de expresión y de respeto hacia el otro. Somos distintos, pero tenemos los mismos derechos; debemos ser responsables con las palabras. Nadie tiene una licencia de superioridad para denigrar o minimizar a ninguna persona. Nadie.
