Por: Adriana Dávila Fernández
Ha sido anunciada la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y hoy se hace necesario preguntarse por qué el presidente, teniendo la oportunidad de rectificar en sus decisiones, se empeña en no atender el llamado desesperado del «pueblo productivo» (dueños y empleados de papelerías, salones de belleza, carnicerías, pollerías, talleres mecánicos, pero también emprendedores, pequeños restauranteros, profesionistas independientes… entre otros muchos), que lucha por sobrevivir en esta pandemia y que también votó por él en el 2018.
Ha resultado muy cómodo negarse a brindar apoyo, tanto como señalar con ligereza en las conferencias matutinas que «no, no es posible que dejen de pagarse impuestos porque de dónde se van a obtener los recursos» para seguir con sus propósitos. Lo cierto es que la realidad en datos indica que los programas sociales van a subsistir hasta que los recursos alcancen. La idea presidencial es mantener, a como dé lugar, estos programas y cuanta obra se le ocurra para mantener su proyecto político. No entiende que las circunstancias cambiaron.
El Poder Legislativo, en concreto la Cámara de Diputados, debe pronunciarse, cuanto antes, por el urgente y necesario ajuste al presupuesto 2020. Todas y todos los legisladores, sin importar el partido al que representan y en unidad total, deben «recomendar» al presidente que practique su tan mencionada «austeridad republicana» para postergar sus proyectos, tal y como él lo recomendó en la conferencia del pasado 20 de abril: «…nosotros recomendamos (a los gobiernos estatales) que se haga un ajuste a los presupuestos. Y la mejor recomendación es que se aplique la política de austeridad republicana«.
Con un poco de voluntad política para reorientar el gasto público, ya López Obrador hubiera hecho lo propio para enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa para ajustar el presupuesto federal, pues hay que recordar que las y los diputados tienen la facultad constitucional para modificarlo. Hubiera sido un acto solidario en estos momentos haber antepuesto los temas sanitarios y económicos, a la aprobación de una Ley de Amnistía que, en los términos en los que está, va a crear más problemas de los que pretende resolver.
El que Morena y sus aliados ignoren el estado de esta emergencia nacional, los hace cómplices de decisiones presidenciales; no alcanzan o no quieren tener dimensión exacta del problema y están condenando a México al desastre.
Toda proporción guardada, es como si una jefa de familia, preocupada por los ingresos de la casa, decidiera trabajar en la ampliación de la casa cuando lo que tiene que hacer es comprar alimento para preparar la comida del día. O como si un jefe de casa, al darse cuenta de que hay un incendio en alguna área del hogar, decidiera sentar a todos los miembros de la familia en la sala a ver una película de terror, mientras llega la ayuda externa. En estos casos, lo lógico y deseable es que el resto de los habitantes tomen cartas en el asunto y salvaguarden la seguridad de todos los integrantes de la casa.
Estoy segura de que quienes leen estas líneas, estarán de acuerdo en que lo prioritario en estos momentos es la salud y la economía familiar. Para nada es urgente mantener el obstinado propósito de los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. No sólo en los recursos que suman estos proyectos está la posibilidad de obtener los fondos necesarios para atender la urgencia económica y sanitaria que enfrentamos.
También podrían utilizarse los millones de pesos que el gobierno presume haber ahorrado por el combate a la corrupción y el adelgazamiento desproporcionado de la Administración Pública Federal que, dicho sea de paso, dejó en el desempleo a miles de trabajadores y sin la suficiencia de recursos para cumplir de manera adecuada con sus funciones. ¿Dónde están esos «ahorros«?
Muchos reclaman que el financiamiento a los partidos políticos se destine a la salud y la economía que tanto hemos exigido desde Acción Nacional. Por supuesto que no estamos en contra de esa medida emergente. Lo que no acompañamos es la simulación y que el destino de los recursos sea el despilfarro, sin control, sin reglas de operación, sin rendición de cuentas y en total opacidad.
Por ello propusimos una iniciativa para modificar la Ley General de Partidos Políticos, para que en caso de que el Consejo de Salubridad General declare emergencia sanitaria, se pueda destinar una parte de las prerrogativas a cuestiones prioritarias. En toda acción gubernamental, el gasto debe ser racional, eficiente y eficaz.
Los partidos políticos no debemos caer en la provocación hecha desde Palacio Nacional para evidenciar a aquellos que se niegan a aportar parte de su financiamiento. Esto rebasa el necesario y transparente acuerdo entre las fuerzas políticas para no caer en la simulación y el engaño del partido del presidente. Es fundamental que la posibilidad de utilizar los recursos partidistas quede plasmado en un ordenamiento jurídico, bajo medidas claras y específicas para su óptima aplicación.
Por lo pronto, el presidente, su partido y sus aliados saben perfectamente que al dejar de lado sus proyectos se puede apoyar de manera integral a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan 8 de cada 10 empleos y pagan impuestos. De no hacerlo, la cuerda que sostiene sus programas sociales se va a romper, y más si los ingresos se verán limitados por la baja de los precios del petróleo y el nulo crecimiento económico, lo que seguramente va a propiciar un incremento en los niveles de inseguridad.
¿Hasta dónde, hasta cuándo y para qué tanto más va a alcanzar? No más irresponsabilidad presidencial para seguir regalando y derrochando el dinero que con tanto esfuerzo paga el pueblo productivo.
