Adriana Dávila Fernández
Uno de los propósitos del Gobierno Federal, plasmados en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es la redistribución de los recursos públicos, a través de programas sociales para combatir la pobreza, los cuales, desde la visión presidencial, llegarían al 70% de la población en situación de pobreza.
Es complejo corroborar lo anterior porque no se cuenta con el acceso al padrón de beneficiarios. Lo cierto es que se sustituyeron los programas sociales que operaban desde hace 25 años como «Progresa» (1997), “Oportunidades” (2002) y «Prospera» (2014), por subsidios directos.
En un estudio elaborado recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), «La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México», se manifiesta preocupación porque, con las actuales condiciones nacionales y con las medidas adoptadas por las autoridades federales, se calcula que el número de pobres por ingreso, aumentará entre 8.9 y 9.8 millones de personas, y en el caso de pobreza extrema por ingresos, se incrementará entre 6.1 y 10.7 millones de personas.
La información sobre la pobreza ha sido utilizada como referente directo del neoliberalismo. Se omite, a conveniencia y porque no existían los mecanismos de medición, la situación de pobreza prevaleciente en la década de los años setenta, así como el deterioro en la calidad de vida de los mexicanos después de las crisis económicas de esos años.
Sin embargo, el gobierno insiste en descalificar las mediciones que son contrarias a sus «otros datos«. Se niega a reconocer que el modelo de medición de la pobreza se ha ido perfeccionando y las evaluaciones de las políticas públicas se llevan a cabo precisamente para identificar lo que sirve, lo que funciona o no y los procesos que se pueden mejorar.
Ha sido un trabajo en el que muchas y muchos especialistas han contribuido al perfeccionamiento de los estándares de medición, con estadísticas, para que, con base en un análisis objetivo, con datos duros y técnicos sobre el impacto social de dichas políticas, las autoridades correspondientes tomen las decisiones necesarias para reorientar rumbos y garantizar mejores condiciones de vida para las y los habitantes.
Se dice que en política nada ocurre por casualidad. Cada vez que algo sucede, se puede tener certeza de que fue contemplado para llevarse a cabo de esa forma. Lo anterior lo menciono por la facilidad con la que el titular del Poder Ejecutivo minimiza todo aquello que es contrario a su visión y su forma de interpretación, pero eso sí, utiliza mecanismos alternos para medir las cosas a su modo, como es el caso de los censos del bienestar.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que no pasa de ser un catálogo de buenas intenciones, el presidente afirmó: “Debemos demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional”. Y, lo que son las paradojas, si algo ha caracterizado a esta administración es su afán por imponer y demostrar «quién manda aquí«; es decir, autoritarismo que justifica porque él es el depositario de la voluntad popular.
Su propia realidad impera ante cualquier otra visión u opinión. Todos sus actos tienden a controlar lo que sucede a su alrededor. Y dado que nada es casualidad en política, la propuesta del líder nacional de Morena de otorgar facultades al INEGI para medir la riqueza, en el fondo debe estar ya palomeada por el presidente. No se puede olvidar que él mismo reconoce que no está ni de adorno ni de florero, suponemos que esto aplica desde las decisiones y propuestas de su propio instituto político.
El poder público no debe convertirse en un Estado policía que vulnere nuestras libertades y derechos, fiscalice los bienes, patrimonio y situación financiera de las personas porque es un acto violatorio, a todas luces, de los derechos humanos. En términos prácticos, se niegan a medir la pobreza, pero ya están pensando en cómo medir los niveles de riqueza para incrementar «el apoyo solidario» de la clase productiva que ya contribuye con la Hacienda pública.
Desafortunadamente, el objetivo primordial de este gobierno es conformar padrones de posibles votantes, lo que inició con los servidores de la Nación, que censaron a los beneficiarios de programas sociales como adultos mayores, estudiantes, personas discapacitadas. Y lo mismo sucede ahora, pues aprovechándose de las consecuencias de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Coronavirus, el gobierno tendrá listados adicionales con el registro de programas como el “crédito solidario para micronegocios” y el recién presentado “Mercado Solidario”, dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas, mismas que serán censadas, mediante una plataforma digital, bajo promesa de conectarlas con posibles consumidores de sus productos o servicios.
En resumidas cuentas, el propósito de este gobierno es recaudar dinero a toda costa y aprovechar la pandemia para reformar leyes a modo y así buscar la continuidad de su proyecto político.
Para fortalecer una estructura electoral, sin pudor y en nombre de la «igualdad«, gobierno y partido, van a la caza de quienes le puedan abonar recursos para el reparto irresponsable de dinero público.
La gravedad de las crisis sanitaria y económica todavía no llegan al punto más alto. Alguien debe informar al presidente que debe salir de la parálisis en la que se encuentra, tomar en serio los instrumentos que sirven para medir las condiciones de pobreza, en lugar de lanzar ocurrencias para invadir la privacidad de los mexicanos y ponerse a trabajar en el diseño de un plan integral que beneficie al grueso de la población, no sólo a sus clientelas electorales.
