Marco Antonio Ferriz Z.
Desde su salida como directora del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres, Yeny Charréz Carlos ha cometido una serie de desatinos que la están llevando a una disminución de su credibilidad como activista, sobre todo porque ha asumido posiciones personalísimas que la llevan a extremos de la descalificación hacia diversas instituciones públicas.
La última institución objetivo de su crítica, o más bien descalificación, fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la que desautorizó porque su presidenta, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, es esposa de un funcionario público que funge como asesor dentro del Poder Ejecutivo. Ese hecho, argumenta, hace que la ombudsperson enfrente un conflicto de interés que le impide posiciones críticas a acciones gubernamentales, como la sucedida el pasado 8 de marzo de este año, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hicieron uso de fuerza excesiva contra mujeres manifestantes frente a Palacio de Gobierno.
Es posible que Yeny Charréz busque aprovechar la coyuntura tan lamentable por la que pasa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya titular, Rosario Piedra Ibarra, efectivamente se ha alejado de las víctimas y se ha acercado al poder. El más reciente trabajo periodístico del semanario Proceso al respecto, es impecable y desnuda las actitudes de quien nunca debió llegar a ese órgano autónomo.
Basta recodar, como bien lo hizo el periódico español El País, en enero de este año, las denuncias internas de abuso a los derechos laborales, la renuncia masiva de consejeros consultivos, la toma de las instalaciones en septiembre de 2020 por grupos feministas como señal de protesta por la falta de ayuda a las víctimas de la violencia machista y los cuestionamientos sobre su cercanía al presidente Andrés Manuela López Obrador.
Sin embargo, no es el mismo caso de Ordoñez Brasdefer, quien a diferencia de Piedra Ibarra –ungida en pleno inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador-, llegó al cargo antes de que concluyera la administración de Marco Antonio Mena y de que iniciara su gobierno Lorena Cuéllar Cisneros.
Por ejemplo, de acuerdo con el portal informativo Gentlx, Yeny Charréz afirma que el Congreso del Estado ignoró una recomendación de la CNDH por un tema de tortura, en la que -asegura- en algo se vio involucrada Jakqueline Ordoñez debido a que se desempeñaba como Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Sin embargo, Charréz Carlos, como aspirante participante en aquel proceso de selección de la nueva presidencia de la CEDH en sustitución del inefable Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, nada dijo en su momento e incluso, realizada la designación, determinó no impugnar el proceso realizado por el Poder Legislativo. Viéndolo de esa forma, y sabedora del cambio de gobierno que se avecinaba, es probable que se observara como integrante de la administración estatal que a partir de septiembre llegaría.
Lo anterior son suposiciones del mismo talante que las realizadas por la activista, sin embargo, por el tono en que ella hace sus descalificaciones hacia Jakqueline Ordoñez Brasdefer, no se puede sino simplemente no coincidir con sus afirmaciones.
Es cierto, la CEDH ha tardado en emitir la recomendación sobre el caso de la marcha del 8 de marzo, pero son también conocidas las explicaciones que al respecto ha emitido la ombudsperson, en un tema delicado que merece investigación exhaustiva. De eso a afirmar conflicto de interés, hay mucha diferencia.
Sobre su caso particular de despido del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres, al descalificar desde un inicio a la CEDH, es dable entender porque este organismo determinó enviar la queja a la CNDH, determinación que, incluso, ya había sido solicitada por la misma Yeny Charréz.
Este asunto en particular, seguramente, dará de qué hablar en las próximas semanas o meses, lo cierto es que ya por lo pronto es posible que el organismo nacional declare incompetencia por ser un tema laboral. Ya se verá en su momento.
