Por: Adriana Dávila Fernández
La situación mundial y nacional atraviesa por una crisis de salud pública que ha obligado a la mayoría de los países con emergencia sanitaria, a tomar decisiones de impacto social, como es el hecho de no salir a la calle. Para tener idea de la medida adoptada, se calcula que alrededor de 1,800 millones de personas -voluntaria o involuntariamente- están recluidas en sus hogares.
Los alumnos, en los distintos niveles educativos, pueden, gracias a la tecnología, continuar con las clases desde la casa. Quizás un integrante de la familia puede ir a comprar víveres. Para algunos, hay opciones de entretenimiento. En fin, con intensas campañas de difusión se transmite que la vivienda es un lugar seguro para disminuir el alto riesgo de ser contagiado y contagiar el coronavirus.
Sin embargo, la realidad es que hay millones de seres humanos que ejercen actividades productivas (formales e informales) y viven al día, por lo que tienen que salir a trabajar para subsistir; tienen preocupación porque, como mencionó don Juan (bolero a domicilio), «si no trabajo, no como hoy«. Más del 85% de la población no tiene un ingreso fijo y muchas familias dependen del trabajo diario de emprendedores y/o microempresarios.
De ahí la importancia de la atención integral que toda autoridad está obligada a proporcionar a sus gobernados. En esta pandemia, ese es el reto para disminuir el golpe de la crisis sanitaria que puede complicarse con la económica y hasta social. Reitero que, en estos casos, el desempeño gubernamental es fundamental.
Por ello, es inadmisible la actuación del gobierno con la reciente decisión en Mexicali, Baja California, en medio de una crisis económica por los efectos del Coronavirus, de cancelar la construcción de la planta cervecera Constellation Brands (poseedora de derechos para producir y comercializar en los Estados Unidos de Norteamérica las marcas del Grupo Modelo), en una reedición del caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Texcoco): obra con avance significativo, generadora de empleos (directos e indirectos), con una inversión significativa.
El pasado fin de semana, en plena contingencia sanitaria, con la expresa petición de mantener «sana distancia«, se realizó una «consulta» a los cachanillas para determinar si debería continuar la construcción de una fábrica de cervezas, ya que anteriormente un grupo de la sociedad civil se había manifestado en contra. El gobierno federal no encontró mejor pretexto que este para echar atrás una decisión tomada por la administración local anterior, encabezada por Acción Nacional (misma que otorgó los permisos para dicha construcción), que decidir «consultar» a la gente.
A nadie sorprenden los resultados obtenidos. A todas luces se sabía que sería una consulta a modo, en donde las autoridades preguntarían a los ciudadanos de Mexicali qué se hacía para resolver el conflicto. Y bueno, pues ganó el «No». De un total de 796,447 ciudadanos integrantes del padrón electoral de Mexicali, menos del 4% de la población decidió el destino de la obra y con ello, el gobierno federal validó la cancelación.
Es triste reconocer la constante ocurrencia que se repite una y otra vez, acorde a conveniencia y que, sin duda, veremos lo que resta de tiempo a esta administración. Preocupa el hecho porque, además de ser una forma de anular prácticamente toda motivación de inversión nacional y extranjera en México, se llevó a cabo en una situación de emergencia sanitaria nacional, y sin rigor metodológico ni técnico alguno, se decidió cancelar una inversión de 1,500 millones de dólares y una obra con más del 70% de avance y con los permisos legales en regla para llevarse a cabo.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) señaló, «en este momento de crisis, con una moneda depreciada, finanzas públicas amenazadas, riesgo de desempleo y menores tasa de interés y disponibilidad de capitales… Después de la crisis sanitaria que se vive en el mundo… Impulsar esta medida es extremadamente imprudente y pone en entredicho a México como país de destino de inversiones extranjeras… Sin inversión privada no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo«. Y valdría la pena agregar que de esta forma se evidencia la fragilidad del Estado de Derecho, lo que sólo contribuye a colapsar la confianza para invertir en el país.
Fuerte golpe a la economía y malas señales para los inversionistas. ¿Qué tal si mejor consulta si los recursos destinados a las obras de Dos Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía deben destinarse a atender las crisis sanitaria y económica que llegarán después de la pandemia del coronavirus?
Este gobierno está rebasado; debe entender que para mantener los programas sociales se tiene que reactivar la economía e impulsar crecimiento. Si no salimos de este bache, se corre el grave riesgo del malestar social, ante la falta de servicios públicos mínimos, ya no digamos de calidad, y falta de empleo.
