Las mujeres no somos prioridad

Adriana Dávila Fernández

Un verdadero desastre en materia de género es el saldo que ha dejado no sólo la pandemia del Covid-19, sino las acciones del actual Gobierno Federal que, en nombre de la austeridad y al destruir toda política pública del pasado, han descuidado la seguridad de las mujeres al recortar el presupuesto de muchos programas de ayuda a las propias mujeres.

Una reportera preguntó al mandatario, en una de sus conferencias de prensa matutinas, sobre la queja de diversas organizaciones de la sociedad civil por el recorte presupuestal a los programas sobre Alerta de Género en entidades federativas con altos niveles de feminicidios, como el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, así como si esta medida no era parte de la austeridad mal entendida.

A pregunta expresa, desviación inmediata: empezó por decir que a nivel federal no había ningún ajuste a los programas relacionados con la defensa de los derechos humanos; que ya no hay lujos; comparó el costo de su reciente viaje a los Estados Unidos con respecto a los efectuados en otras administraciones; hasta reclamó a un periódico de circulación nacional los beneficios que recibía en el pasado… Y, a final de cuentas, no contestó.

Luego, otra reportera le cuestionó por qué su gobierno le había fallado a las mujeres, ya que no tienen garantías para vivir una vida libre de violencia, dado que cada día son asesinadas 10 mujeres y menos del 5 por ciento de los casos terminan en una sentencia. Nada más alejado de la realidad que sus palabras: «no estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres…no hay disminución de presupuesto. Nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora…«.

Se falta a la verdad cuando se ha reducido, por ejemplo, el presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), 37 millones de pesos menos, y uno de los programas afectados fue el de Casas de la Mujer Indígena o Afroamericana, que solo recibió 25 por ciento de lo que ya tenía etiquetado para llevar a cabo sus funciones.

El Presidente sabe mejor que nadie lo costoso que resultan los recortes presupuestales a las distintas dependencias -aunque eso lo tenga sin cuidado, porque lo primordial para sus objetivos es mantener llena la bolsa de recursos públicos con fines meramente electorales- y, en particular, a los programas destinados a dar respuesta a diversas necesidades de las mujeres: refugios para atender los casos de violencia de género, la cancelación de las estancias infantiles, fomento a la productividad femenina.

También está el caso del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), cuya Junta de Gobierno aprobó reducir 151 millones de pesos de su presupuesto, apenas un día después de las declaraciones del presidente.

Y ante el cuestionamiento sobre las medidas concretas de este gobierno para enfrentar el problema, solo se menciona que se están atacando las causas, entre ellas la desigualdad social; pretendió ignorar la realidad, y como suelen ser sus dinámicas para desviar los temas, retomó su narrativa, sin contestar la pregunta.

Ya basta de tener solo propósitos de atención de cuidados y de seguridad para las mujeres, y de autoelogios presidenciales, cuando los números solo demuestran el preocupante incremento de mujeres violentadas, muchas de ella asesinadas, y la deficiente impartición de justicia.

A pesar de que con tanta palabrería hueca se pretenda esconder el aumento del feminicidio en México, además de las omisiones y la inacción de las autoridades, es un hecho que se reconoce más allá de nuestras fronteras, aunque desde Palacio Nacional se niegan a reconocer esta grave situación. Una vez más se demuestra que las mujeres no somos prioridad en este gobierno.

 

 

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