Por:Adriana Dávila Fernández
La situación económica del país, si bien compleja, se ha complicado aún más por las medidas que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de la emergencia sanitaria del Coronavirus. Muchas micro, pequeñas y medianas empresas han pedido ayuda al gobierno federal para conservar los negocios y así proteger el empleo y salario de sus trabajadores en este periodo de contingencia.
Ante este llamado, el sábado pasado, el titular del Poder Ejecutivo presentó las «medidas económicas» que propone para apoyar a las clases medias. Nada más que se trata de un plan retórico, cargado de propósitos políticos: austeridad, reducir el gasto del gobierno, garantizar libertades, crear un Estado de Derecho, paz con justicia, no al aumento de impuestos ni de combustibles, mantener bajas las tasas de interés, inversión en obra pública y el inicio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para el mes de julio.
Imagínese a la dueña o al dueño de un changarro (papelería, salón de belleza, carnicería, despacho contable, fonda, por mencionar algunos), que ya no tiene dinero para pagarle a sus colaboradores y que posiblemente se verá obligado a bajar las cortinas de su negocio, escuchar este manifiesto político. ¿En qué se verán beneficiados con que a los funcionarios (de subdirectores para arriba) se les reduzcan sus ingresos en un 25 por ciento y no reciban aguinaldo, porque eso «ayuda» a la economía? ¿O en qué les va a afectar que tampoco se vaya a ejercer el 75 por ciento del presupuesto de las instituciones que, dicho sea de paso, quién sabe cómo van a funcionar las dependencias ni cómo van a cumplir los objetivos?
Lo cierto es que el presidente insiste en gobernar solo con el discurso para este sector productivo que genera 8 de cada 10 empleos en el país, porque para otros grupos, los que son su potencial clientela electoral, sí hay planes muy concretos.
Durante varias semanas se ha pedido que el presidente cancele sus megaobras de Dos Bocas, Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, para que esos recursos se destinen a la salud y a la economía que tanto se necesita. Pero nada pasa y ante la falta de medidas gubernamentales eficientes para hacer frente al caos económico derivado de la pésima política económica del inquilino de Palacio Nacional, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) hizo lo único sensato que hay que hacer ante la emergencia, porque peligran millones de empleos y la autoridad solo brilla por sus discursos vacíos y es omisa en las acciones: trabajar en un plan alternativo para amortiguar el desastre.
A todas luces la idea del Consejo es procurar condiciones mínimas e indispensables para reactivar la maltrecha economía. En buen español, a falta de incentivos del gobierno federal, da opciones de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), las cuales generan más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto. De esta forma, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el CMN formalizaron un programa de créditos a 300 mil MiPyMes, hasta por 12 mil millones de dólares, que por cierto en ningún momento compromete la deuda de México, pues se trata de una negociación con particulares.
En las primeras horas del acuerdo, los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda habían celebrado el entendimiento entre los empresarios y el organismo internacional. Poco les duró el gusto, pues en la mañanera del día siguiente no se hizo esperar el malestar presidencial: reclamó el “modito” de cómo se llegó a ese acuerdo entre particulares: “No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes… ¿Nosotros… estamos aquí de florero?«.
Es evidente la molestia que le causó la iniciativa de una sociedad que se organiza para ayudarse entre sí, dado que él no tuvo la más mínima intención de hacerlo. Entonces, ¿por qué enojarse por un acuerdo entre particulares, si en nada se compromete al gobierno federal?
En un par de minutos y palabras dejó al descubierto no solo su opinión -falsa y generalizada- sobre la iniciativa de los empresarios, su prejuicio y el ataque frontal como mecanismo de defensa para explicar y dar su versión del hecho, sino que también manifestó, una vez más, su lado autoritario, oscuro y hostil cuando existen acciones que él no ordena, ajenas a su voluntad, porque no tiene posibilidad de controlarlas. Dejó muy en claro que le importa más el poder político que el poder económico; en su peculiar forma de expresarse, reiteró a los empresarios que quien manda y decide en este país es él.
Destacan sus agresiones, prepotencia y soberbia, ya convertidos en los típicos «moditos» de Palacio Nacional para imponer su pensamiento. Lo suyo es obstruir y destruir cualquier cosa que él no haya mandatado. Si fue una constante en su comportamiento como opositor, más ahora que es primer mandatario: emite mensajes cargados de violencia en el fondo y en la forma, previamente calculados para manifestar que él tiene el poder; que él es la ley y el juez, que es el único poseedor de la verdad y con la moral suficiente para definir el rumbo nacional.
En fin, se queja de los «moditos», pero todas y todos los mexicanos tenemos que padecer sus modos autoritarios, que atropellan instituciones, simulan derechos y, lo peor, violan el orden constitucional. Tenemos como el ejemplo más reciente su iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la que dotaría de facultades al Ejecutivo, vía la Secretaría de Hacienda, para reorientar el dinero público. Pretende, en los hechos, ejercer los Poderes de la Unión al mismo tiempo.
Ya es tiempo de que el presidente reoriente su visión para reactivar la economía nacional. Si no se esfuerza en caminar con el sector empresarial, no habrá un buen augurio para las finanzas públicas, ni para el crecimiento ni para el desarrollo de este país.
