Adriana Dávila Fernández
En la tarde del domingo, en plena emergencia sanitaria, entre el sentimiento de muchas y muchos mexicanos que no pudieron abrazar y festejar a las madres, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el cual se dispone de la Fuerza Armada permanente para realizar tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, hasta marzo de 2024; casi todo el sexenio.
En la forma y en el fondo, es un hecho que contradice las palabras del que fuera candidato ganador de la elección presidencial del 2018, que se comprometió a buscar otra estrategia para cambiar la política de seguridad pública vigente hasta ese momento. En abril de ese año, dijo: “Lo puedo resumir en una frase: trabajo, buenos salarios y abrazos, no balazos”. Este exitoso lema de campaña, en la realidad es una simple consigna que quedará solo como parte del triunfo electoral y, posteriormente, como una fallida estrategia transformadora en materia de seguridad.
El incumplimiento de la palabra empeñada en campaña es lo que aniquila la confianza ciudadana. Es más que evidente la falta de resultados en los 18 meses de gobierno, lo cual ha marcado al 2019 como el año más violento de la historia nacional. Los delincuentes han aprovechado la debilidad voluntaria del Estado para atacar a millones de personas que viven en la incertidumbre y con miedo ante el incremento de la epidemia violenta, que lo mismo ataca patrimonios, que lesiona personas y cobra miles de vidas a un ritmo desatado.
El asunto es que, con la instrucción decretada, se reconoce que la inseguridad en este gobierno ha sido indomable, la muestra es que cada mes supera al anterior en las cifras de asesinatos en el país. Está desatado el incremento de la violencia con todo y el «quédate en casa«.
En términos prácticos, el decreto mencionado es, por un lado, la aceptación de la ruta correcta trazada en el sexenio 2006-2012 y, por el otro, la consecuente admisión de que los abrazos propuestos fueron recibidos con un torrente de balazos que han dejado una senda de dolor, luto e impunidad. Sin duda alguna, la inseguridad, como otros tantos problemas que se han suscitado -ahí está la economía y la salud, por ejemplo-, ha sido rebasada por el fracaso estratégico de esta administración.
Con frecuencia escuchamos la justificación presidencial sobre su «acertada» toma de decisiones, lo que lamentablemente ha derivado en la falta de acciones para proteger a la población: fue el «pasado neoliberal» el que descuidó a los jóvenes y protegió a los integrantes de las cadenas delictivas. De ahí su obsesión por mantener la estrategia de «perdón y olvido» para los criminales.
Sin embargo, no hay resultados. Ante la incapacidad del gobierno, ahora resulta que con un decreto pretende militarizar al país, continuar con la participación de la Fuerza Armada permanente en el territorio nacional para realizar tareas de seguridad pública; es decir, se dice que van a «complementar» (lo que eso signifique) las funciones de la Guardia Nacional y, hay que señalarlo, esto no es más que producto de la derrota a su «estrategia».
Un buen número de ciudadanas y ciudadanos apostó, con esperanza, por una transformación que hoy demuestra una total incapacidad para enfrentar la inseguridad. Y se hace mediante decreto presidencial para salvar la situación porque, sencillamente, las familias mexicanas viven intranquilas, con miedo, y sin entender por qué si antes que estábamos tan mal, no nos sentíamos como ahora, peor.
¿Se podía esperar otro tipo de resoluciones? Realmente, no. La autoridad federal, a nombre de la austeridad, decidió aplicar tijera presupuestal para las tareas de capacitación de las policías estatales y municipales, y no solo eso, sino que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, optó por autorizar -también por instrucción presidencial- el ejercicio de recursos económicos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), para apoyar a las policías del país.
Lo cierto es que en lugar de contar con una Guardia Nacional que cumpla con el objetivo para el que fue creada, está dedicada a tareas de persecución de migrantes y de custodia de ductos de hidrocarburos.
Las y los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional aprobamos, en su momento, reformas para que la seguridad pública estuviera al mando de autoridades civiles. En vez de dar cumplimiento a esto, aparece un decreto que dejará a las Fuerzas Armadas en las calles y que es una clara violación al artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque «regular en materia de seguridad pública debe ser objeto de ley».
Como muchas de las acciones gubernamentales, carece de mecanismos jurídicos sólidos. Más aún, el control civil, como lo aprobó el Legislativo, nunca sucedió. La reserva que tuvimos entonces, porque se pretendía militarizar al país, hoy se hace vigente.
¿Qué diferencia hay con la estrategia de 2006? Una muy importante: aprovecharse de cambios constitucionales para abusar del poder. En los dichos y en los hechos, estamos hoy ante la inminente militarización del país.
