Por:Adriana Dávila Fernández
En lo relativo a la Consulta Popular, avalada por la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se preguntará si se aplica o no la ley para enjuiciar a “actores políticos”, el Gobierno Federal ha decidido llevar a cabo un modelo a lo Poncio Pilato. ¿Y cuál historia bíblica?, lavarse las manos para no asumir su responsabilidad y dejar, en la decisión del ‘pueblo’, el destino de los señalados.
La consulta es una farsa, un mecanismo para evadir la realidad, una hipocresía. Su propósito nada tiene que ver con la impartición de justicia; es una estrategia electoral que empezó con en esta LXIV Legislatura, el primero de septiembre de 2018, con un claro objetivo: lograr la participación del Poder Ejecutivo en el proceso electoral del 2021, verdadera obsesión presidencial que ha derivado en la voluntaria renuncia de sus responsabilidades, principalmente en el impulso de políticas públicas eficientes, racionales y operativas.
Se simula hacer justicia sobre casos que nos dañaron como país, como dice la carta presidencial enviada al Senado de la República: “En el terreno de la justicia, se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”. En el supuesto de que estas palabras fueran verdaderas, ¿por qué no se opta por las instituciones creadas para ello? ¿Por qué no se inician las carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República? ¿Por qué con mayor fuerza, se repiten las acciones que se busca castigar?
Por supuesto que toda acción contraria a la ley debe sancionarse. Si existen elementos, que se presenten las denuncias correspondientes y se sigan los cauces institucionales. No hace falta simular una consulta, para eso existen las leyes y las instituciones.
Este gobierno, el más ineficiente e irresponsable de las últimas décadas, usa el nombre del pueblo para justificar sus tropelías, sus omisiones y su corrupción. Ayer fue la rifa sin avión, hoy es esta consulta popular, mañana será la discusión sobre el Penacho de Moctezuma, como si no existieran graves y apremiantes problemas en nuestra realidad.
Este gobierno también es el más antidemocrático de la historia moderna de nuestro país. No hay cabida para el diálogo con la oposición, con los que piensan diferente, ni posibilidad de construir consensos. Es un gobierno que apuesta, día con día, a la división, al odio y confrontación entre las y los mexicanos, a pesar de que el presidente López Obrador repita una y otra vez que la venganza no es su fuerte.
Entonces, ¿por qué insiste en el continuo montaje de farsas? ¿Por qué dispone del Legislativo para convocatorias irrelevantes, sin sentido, cuando hay asuntos más importantes por atender?
Resulta buen show para el cobro de facturas a los adversarios políticos, que cae “como anillo al dedo” para desviar la atención y no dar respuestas sobre las crisis más agudas que hoy vivimos: la inseguridad que nos azota, la economía que nos ahoga, y en riesgo la vida de miles de niñas y niños con cáncer, que no encuentran esperanza en su gobierno. Y sin duda, la preocupación por el manejo sanitario de la pandemia, que tiene enlutados a casi 90 mil hogares.
La aprobación de semejante despropósito, quizás popular, pero no correcta, solo sirve para estar en la ‘carpa circense’. Es lamentable reconocer que las y los legisladores de Morena y sus aliados, en la Cámara de Diputados optaron por renunciar a su autonomía y decidieron continuar con la narrativa oficial, dispuestos a desempeñar el papel de marioneta que hábilmente maneja el titiritero de Palacio Nacional. Olvidaron la responsabilidad legislativa, con tal de «salir en la foto del circo».
