Por Miguel Ángel López Farías
Si la memoria no me falla, hace algunos años trataron de crear una cosa llamada RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía móvil) y otra mucho más antigua llamada RENAVE (Registro Nacional de Vehículos), ambas fracasaron por que los padrones de usuarios terminaron en manos ajenas al gobierno. La mafia madrugó a los creadores y hasta el suicidio de Raúl Ramos Tercero, cabeza principal de este programa, se dio debido al gazapo que en el año 2000 fue noticia.
Hoy tenemos el chozno de estas dos añejas propuestas, el nuevo registro para los usuarios de telefonía celular, o sea, el Senado de la República lanza una ley para que los más de 120 millones de propietarios de móviles en México entreguen datos como huella dactilar, registro de iris, nombre, nacionalidad, dirección, edad, etcétera. Toda la información será recabada por las compañías celulares y deberán ser entregadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sólo será entregada a las autoridades judiciales cuando la requieran.
El presidente López Obrador afirma que es, para acabar con las llamadas de extorsión y otros delitos relacionados. En pocas palabras, si alguien le llama desde un reclusorio y lo amenaza, bastará con recurrir a la policía, estos buscarán el número, sabrán quién es el dueño de la línea porque según en el mundo de oz, así debería ser la cosa, buena intención, solo que deberían informarle al señor de las no vacunas que México, es un paraíso de la clonación y que el robo a celulares es cosa de todos los días, que una tarjeta SIM es adquirible en cualquier Oxxo de la esquina, que andar entregando los datos al aburrido despachador de esas tiendas no es de lo más recomendable.
Es evidente que se trata de algo que en sustancia podría ser una buena iniciativa, pero que en la práctica podría potenciar un mayor número de teléfonos celulares para fines criminales.
Pongo un ejemplo: Yo me transporto en un camión que viene de Hidalgo hacia la Ciudad de México y en la infernal autopista se suben a robar (eso pasa todos los días y a todas horas), las ratas nos quitan los aparatos, después de soltar unos balazos huyen con esos equipos, en lo que denuncio, mi línea deberé esperar hasta llegar a un MP en la ciudad, dando tiempo suficiente para que quien se le pegue la gana haga con mi número un ciento de llamadas extorsionadoras y viene lo peor, como está a mi nombre, seré yo el que aparezca en la denuncia por ese delito pero no el miserable que me robo el aparato, ya me vi en los separos gritando el clásico “soy inocente”, solo como detalle: ¿sabrán que los extorsionadores se pueden conectar de manera remota, que no necesitan más que el número de celular?
Insisto: esto es solo una de las puntas de la espina, lo que en realidad preocupa es que un padrón de estas dimensiones no solo vaya a dar a manos de traficantes de datos, mafias que juegan con su privacidad, sino a otro tipo de malosos, los de corbata de palacio, pues el poseer este tipo de información es llevarse al bolsillo el ADN de todos en el país, como primer paso para poner a trabajar sus juguetitos israelíes que sirven para espiar cualquier sistema de telefonía, solo que les hace falta la ficha del dueño o dueña. Un ingrediente que solo en la antigua Unión Soviética ocurría.
Suena a pesadilla, pero se potencia como una realidad en la cual el gobierno tendría no solo la escucha y toda la información de su celular, incluyendo lo que no muestra ni a sus amigos, sino que el estado en aras de la seguridad nacional, obtendría todo de todo, si usted representa un peligro para los intereses de un proyecto como el de la 4T, no le quiero decir la chantajeada que le aplican.
En serio, ¿un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil en épocas electorales? Que miedo.
No es regaño, es Picotazo Político
Miguel Ángel López Farías
Historiador. Director y conductor del programa radiofónico ‘Urbe de Hierro’, transmitido por ABC Radio 760 AM de 4 a 5pm.
Presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT).
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