Por: Adriana Dávila FernándezLa ley suprema de México, en su Artículo 41, señala con claridad que los partidos políticos tienen como fin promover la participación activa en las decisiones públicas, con reglas para garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas a legisladores federales y locales. La mejor forma de hacer posible el espíritu de las normas es con acciones que permitan su cumplimiento y el primer paso, a nivel estatal, es el compromiso político de todas las instancias correspondientes para garantizar los derechos que se dicen defender.
Los actores políticos de cualquier ideología no pierden oportunidad para señalar, en lo público, las bondades del tema de paridad, sin pasar de los lugares comunes que adornan cualquier declaración. Mencionan, por ejemplo, que «es indispensable la participación política de las mujeres«, o que «las decisiones públicas se enriquecen«; en resumidas cuentas, en tal o cual partido dicen que las mujeres «siempre han encontrado el apoyo de las dirigencias«, entre otras muchas manifestaciones, pero en realidad se trata de palabrería que resulta hueca al momento de tomar decisiones para hacer efectivo el principio de paridad.
Hay que reconocer que hace un año, el Congreso de la Unión dio un paso fundamental en materia de paridad y en contra de la violencia política, porque se lograron modificaciones al texto constitucional para que, en los espacios de decisión de la vida pública, el 50 por ciento de los cargos sean ocupados por las mujeres, sin ningún tipo de discriminación, ni violencia; es decir, en condiciones de equidad.
En consecuencia, los congresos locales estaban obligados a realizar el proceso de armonización legislativa. Hubo quienes pensamos que su aprobación era mero trámite. ¡Qué difícil es la congruencia entre el decir y el hacer cuando se siente la afectación de intereses particulares o de grupo!
En Tlaxcala, un grupo de legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos se dieron a la tarea de impulsar los cambios y ¡vaya sorpresa! La respuesta de varios dirigentes partidistas, incluido el mío, al ver amenazados sus espacios de poder, fue emprender, en complicidad con el gobierno del Estado, una embestida violenta, burda y poco inteligente para aprobar en lo general la armonización, pero votar en contra de que las mujeres encabecen las listas de representación proporcional en el siguiente proceso electoral.
La misoginia, los complejos y la venganza, sin duda, todavía son parte de la clase política de mi querido estado. A manera de «limpia» y para evitar las voces en contra, fueron destituidos de sus cargos, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Irma Garay; la presidenta de la Comisión de Finanzas, María del Rayo Netzahuatl; el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rolando Pérez Saavedra; y, además, Leticia Hernández Pérez fue removida de la coordinación de los diputados locales del PAN y dada baja en la Comisión de Administración.
No tengo duda que estos espacios legislativos fueron monedas de cambio para conseguir -con apenas dos votos-, la aprobación de una propuesta contraria al espíritu de la paridad. Es lamentable reconocer que, para algunos, la dignidad resulta muy barata, porque su visión en el corto plazo es el próximo proceso electoral y no el compromiso de impulsar un cambio estructural benéfico para las jóvenes de las próximas generaciones. Indignante, vergonzoso y contrario al legado democrático de Acción Nacional, fue que el dirigente estatal de mi partido encabezara el atropello, y que el presidente de la Mesa Directiva, también emanado del PAN, se prestara a desempeñar un papel tan indecoroso.
No me sorprenden esas decisiones. Sorpresa hubiera sido contar con sus votos para lograr la paridad entre géneros. No hay que olvidar que los cargos son efímeros, y la dignidad y el trabajo se quedan para siempre. Quedará su marca en la historia legislativa del Congreso del Estado, como un atraco más en contra de las mujeres. No hay manera de defender lo indefendible.
Es preocupante que la paridad, que es nuestro derecho y no dádiva o premio de consolación, se tope una vez más con las resistencias de siempre. Se pregona en los dichos mucho cambio, mucha transformación, para obstaculizar y frenar derechos en los hechos. No era necesaria la violencia política cuando ya se tenían asegurados los votos en contra; fue más bien que ante el miedo que sintieron, era urgente demostrar «quién manda y tiene el control».
Algunos varones quieren nuestros votos, pero no nuestra participación activa. Nos quieren en los cargos, pero sumisas y obedientes. Nos necesitan para lograr sus objetivos, pero no quieren compartir los logros. Nos culpan de sus fracasos, porque con ello justifican su mediocridad. Dicen que apoyan e impulsan a mujeres, pero solo a las que pueden mandar, dominar o chantajear. Ese es el juego que quieren jugar.
En Tlaxcala como en todo México, hay mucho camino por recorrer y batallas por enfrentar, para hacer efectivo lo que ya está plasmado en la Constitución. No nos prestaremos a la simulación. Tenemos que sumar voluntades para defender nuestros derechos. La paridad es un logro fundamental y trabajaremos para hacerla realidad. Para fortuna del desarrollo personal y social, cada vez son más las voces y voluntades de mujeres y hombres libres que aprendieron a no tenerle miedo a ser pares.
