Patíbulo político, candidatas y candidatos en riesgo

Por: Adriana Dávila Fernández

Diputada federal

La mayoría de las personas en el mundo -dicen los expertos en psicología social- de todas las edades, atraviesan por un periodo de agotamiento y desgaste derivado de la crisis sanitaria. Adicionalmente, en México nos encontramos abrumados por el número de muertes que se cuentan por miles, ya sea como consecuencia de la inseguridad pública (casi 80 mil muertes violentas en este sexenio) o derivadas de la pandemia (más de 200 mil defunciones). Lo cierto es que son muchos ya los hogares que están de luto.

Ante la inminencia de los procesos electorales, las autoridades federales han optado por defender «sus datos» y confrontarse contra quienes piensen diferente, contradigan, critiquen, señalen la farsa de la narrativa oficial o no apoyen sus decisiones; lo mismo se ataca a empresarios que a periodistas, académicos, defensores de derechos humanos, activistas de cualquier causa.

Insisten en la necedad del «vamos requetebién«. Así es como justifica el índice de letalidad más alto del mundo -por el mal manejo sanitario-, a pesar del irreparable daño causado en miles de familias; la pérdida de millones de empleos es por la pandemia, nunca por la inacción gubernamental; si se ha incrementado el número de muertes violentas es porque los medios de comunicación y los «conservadores» solo quieren atacar al gobierno. Nada importa más que las próximas elecciones, de ahí el lucro de la vacunación -sin suficientes vacunas-, y de la pobreza -con el reparto de dinero público.

A principios de marzo, con bombo y platillo, desde Palacio Nacional se anunció la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, «compromiso federal» para cuidar a las y los candidatos en las elecciones de junio próximo, las más grandes y concurridas de la historia: 500 diputaciones federales, cargos en congresos y gobiernos estatales, ayuntamientos, alcaldías, lo que hoy por hoy también representa una situación de riesgo para todas y todos los contendientes, por los alarmantes niveles de inseguridad.

Es evidente que la estrategia de seguridad pública «sirve para lo que sirve» (abrazos a cambio de impunidad) y «no sirve para lo que no sirve» (garantizar paz y tranquilidad a la población): los abrazos ante los arteros balazos muestran un número significativo de asesinatos de candidatas y candidatos de todos los partidos políticos. Vivimos una especie de patíbulo político en el que todas las personas que encabezan una candidatura están en riesgo.

El reciente ataque que privó de la vida a Ivonne Gallegos Carreño, candidata del PAN a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, se suma a la larga lista de asesinatos de políticos, funcionarios, candidatas y candidatos, de todos los colores, que día a día crece desde el arranque del proceso electoral, en septiembre del 2020.

En las acciones, nos topamos con el doble discurso presidencial: el anuncio de la estrategia para proteger a las y los aspirantes a cargos de elección popular contrasta con el encuentro de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana con el supuesto líder de una banda rumana que clona tarjetas bancarias y defrauda a cuentahabientes, por instrucciones del primer mandatario, para quien era fundamental garantizar el derecho de audiencia de un presunto delincuente (derecho que por cierto ha negado al movimiento feminista, desdeñándolo y calificándolo de ser parte de sus adversarios).

Tengo impotencia, dolor y mucho coraje por la indolencia e ineptitud de este gobierno ante la grave crisis de seguridad que enfrenta el país, que permite licencias de impunidad que han cobrado la vida de mujeres y hombres dedicados al ejercicio político. Tenemos que poner un alto y eso sólo será posible con el voto libre, informado y comprometido con México.

 

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