Por: Adriana Dávila Fernández
Desde el inicio de este 2020, escuchamos con insistencia presidencial: «estamos absolutamente seguros de que nos va a ir bien este año. Ya quedó demostrado que está funcionando la estrategia que estamos aplicando. En 2019 se avanzó mucho en definir una política económica en beneficio de la mayoría de los mexicanos…», a pesar de que organismos nacionales e internacionales habían realizado proyecciones a la baja de nuestra economía. A pesar de ello, el mandatario respondía a finales de enero: «hay indicios de que nos va a ir muy bien«.
Francamente no entiendo cómo el responsable del timón económico se atrevió a realizar tal aseveración, cuando la realidad en datos indicaba que 2019 había sido un año de parálisis económica, con crecimiento nulo; es decir, cero, y con severos problemas financieros en PEMEX. Sus propios datos le hicieron forjar esperanzas en el incremento tributario, en lo que trabajó muy bien su grupo parlamentario de Morena y sus aliados, al aumentar impuestos (por ejemplo, con las plataformas digitales para ver películas o series, o con las aplicaciones para la entrega de productos como la comida), y en la expectativa de obtener más recursos económicos ante el fin de la corrupción, entre otras acciones.
Mientras tanto, en el resto del mundo, las alarmas sanitarias daban cuenta de la inminente pandemia, así como de los efectos devastadores que esta traería consigo para las economías de los continentes. La recomendación frecuente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a todas horas era realizar pruebas, pruebas y más pruebas, y fortalecer los sistemas de salud; a la par, voces especializadas daban cuenta de los desafíos particulares, en salud y economía, de cada país al estar en «confinamiento» ante el inminente contagio masivo del Coronavirus Covid-19.
Quedarán para el anecdotario las posturas de algunos mandatarios para enfrentar los retos; quedará para el recuento internacional, la efectividad de cada una de las acciones emprendidas, por su eficacia o por su descuido. La historia será la que emita el veredicto y ese llegará sin la menor duda.
Lo cierto es que, en México, hasta entrada la fase 3 de la pandemia, el Gobierno Federal entendió que era real y no un invento, que afectaría la vida nacional con, sin y a pesar de sus decisiones. Así que optó por seguir, a medias, las recomendaciones de la Secretaría de Salud y comenzó a «prepararse» para enfrentar este mal global y las consecuencias que dejaría el Covid-19 en la vida de los mexicanos.
Sucede que estamos frente al riesgo de que se pierda el ingreso para la manutención de trabajadoras y trabajadores y sus familias. Y lo que el Gobierno no ha hecho es renunciar a la construcción de obras innecesarias en estos momentos, cuestionadas por especialistas por su inviabilidad técnica y financiera, y en vez de ello, ha presentado una estrategia que, en esencia, busca hacer recortes presupuestales en casi todas las áreas de la Administración Pública Federal y en general de dónde se pueda, para destinar los fondos que se recuperen a la dispersión de recursos públicos entre la población vulnerable, sin reglas claras de operación y de manera discrecional, lo que según el Presidente, reactivará la economía.
Lo reciente es la reducción del 75% del presupuesto asignado a las dependencias públicas para servicios generales, insumos y mantenimiento. Se trata de insumos para papelería, refacciones, limpieza, así como servicios de luz, agua, vigilancia, uso de Internet, asesorías, renta de inmuebles, entre otros. En poco tiempo, estas medidas van a costar mucho. No habrá dinero para comprar hojas para las impresoras, o las licencias para el uso de la paquetería informática; quién sabe si les alcance para jabón, para pagar las tareas de vigilancia, o para reparar sillas, equipos de cómputo, puertas. No habrá dinero para reparaciones en el marco de la nueva normalidad. ¿Con qué y cómo van a trabajar las secretarías de Estado? ¿Cumplirán con sus objetivos o también van a sufrir un recorte sus metas?
Es importante señalar, desde el espacio legislativo, que en este esquema de reducción presupuestal, no existe ninguna regulación que establezca los criterios para «reingresar» los recursos asignados a las secretarías que no serán ejercidos. En el caso de terminar con las rentas de inmuebles, tampoco se ha clarificado el procedimiento para la concentración de recursos humanos en las distintas dependencias públicas. Es probable que se recurra al teletrabajo, como se ha realizado durante la pandemia, pero en esto tampoco hay normatividad sobre el trabajo a distancia, ni los riesgos de laborar desde la casa.
En fin, después de difundir que íbamos bien, la estrategia presidencial se vio rebasada por la realidad que es cruda, ruda y dura. Según el IMSS, solo en abril se perdieron 550 mil empleos que, sumados a las pérdidas laborales de enero, febrero y marzo, se tienen alrededor de un millón de empleos perdidos. En términos prácticos, los aproximadamente 358 mil empleos creados el año pasado, ya desaparecieron.
Ya estábamos mal en materia económica, laboral, de salud, entre otras cosas que no han funcionado. Sin embargo, la narrativa presidencial busca continuar con la mentira de «tan bien que íbamos y se nos presenta la pandemia«, cuando la realidad en datos confirma, una y otra vez, el impacto negativo de sus malas decisiones. Incluso afirmó que «esto nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”. Con estas y otras muchas declaraciones, ¿a cuántas personas más se busca engañar desde Palacio Nacional?
