Tlaxcala, Tlax; 14 de mayo de 2026 (David Rodríguez) En un despliegue de ignorancia jurídica y autoritarismo, el alcalde de Xaltocan, José Luis Hernández Vázquez, pretendió condicionar la labor periodística a la obtención de una «licencia de funcionamiento municipal», un requisito inexistente que vulnera flagrantemente la libertad de expresión y el derecho a la información.
Frente a cuestionamientos directos sobre la opacidad en su administración y las irregularidades en el equipamiento de seguridad pública, el edil optó por la confrontación y la descalificación en lugar de la rendición de cuentas. Con un tono condescendiente, el munícipe intentó desacreditar a este comunicador para evitar responder las preguntas.
“¿Tus oficinas dónde están? ¿Si tienes una licencia de funcionamiento en el municipio?”, espetó el alcalde, sugiriendo que el ejercicio de la prensa está sujeto al arbitrio administrativo local.
Es preciso señalar que, en México, el periodismo no requiere el permiso de ningún ayuntamiento y que, la transparencia, por el contrario, sí es una obligación ineludible para cualquier servidor público.
Al ser cuestionado por el incumplimiento en las obligaciones de transparencia, donde Xaltocan no alcanza el 100 por ciento de eficacia, el edil se refugió en un documento que entregó hace un año el extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a todos los entes públicos de Tlaxcala.
Sin embargo y tras una revisión realizada a la página oficial del ayuntamiento de Xaltocan , el alcalde no había hecho pública parte de la información a la que por ley está obligado a difundir en su plataforma oficial.
Entre los documentos que no fueron localizados está la declaración patrimonial del alcalde y funcionarios, así como contratos legibles celebrados por su administración para la adquisición de bienes y servicios de la administración municipal.
Respecto a la falta de emplacamiento y regularización de las patrullas —un tema de seguridad pública crítica—, el alcalde se limitó a señalar que «se está haciendo lo propio», derivando la responsabilidad a la Contraloría y a la síndico del ayuntamiento.