Pensar, decir y hacer: responsabilidad de la 4T
Vicente Morales Pérez
Durante mucho tiempo se nos dijo que una economía exitosa era aquella que registraba crecimiento, estabilidad financiera y buenas calificaciones internacionales. Parecía que mientras los indicadores macroeconómicos fueran positivos, el bienestar llegaría de manera automática a todos los hogares. Sin embargo, la realidad mostró otra historia. México podía crecer económicamente y, al mismo tiempo, millones de familias seguían enfrentando pobreza, desigualdad y falta de oportunidades.
Esa contradicción abrió uno de los debates más importantes de nuestro tiempo: ¿para quién debe trabajar la economía? ¿Para los mercados o para las personas?
La Cuarta Transformación respondió a esa pregunta colocando al bienestar como el principal objetivo de la política económica. No se trata únicamente de generar riqueza, sino de asegurar que esa riqueza contribuya a mejorar la vida de quienes durante décadas permanecieron al margen del desarrollo.
En su libro Hacia una economía moral, el expresidente Andrés Manuel López Obrador plantea una idea que ha dado identidad al proyecto de transformación nacional: la economía no puede separarse de la justicia social. Crecer económicamente es importante, pero ese crecimiento pierde sentido si no reduce desigualdades, fortalece derechos y ofrece mejores oportunidades para las familias mexicanas.
Esta visión coincide con una tendencia internacional que entiende el desarrollo más allá de las cifras. El economista y Premio Nobel Amartya Sen sostuvo que una sociedad progresa cuando amplía las capacidades y libertades de las personas. En otras palabras, el bienestar no depende únicamente del ingreso, sino también del acceso a la educación, la salud, la seguridad, la movilidad social y una vida digna.
Desde esa perspectiva, los programas sociales, el incremento sostenido del salario mínimo, las pensiones para adultos mayores, las becas educativas y la inversión en infraestructura dejan de verse como simples políticas de apoyo para convertirse en herramientas que buscan reducir brechas históricas de desigualdad.
Otro de los pilares de este modelo es el combate a la corrupción. Cada recurso público recuperado representa la posibilidad de financiar escuelas, hospitales, caminos o programas sociales. Por ello, la honestidad no sólo constituye un principio ético; también es una condición para construir una economía más eficiente y más justa.
La austeridad republicana responde a la misma lógica. No significa reducir la capacidad del Estado, sino eliminar privilegios y gastos innecesarios para orientar los recursos hacia donde más se necesitan. En esta visión, el dinero público pertenece al pueblo y debe administrarse con responsabilidad y sentido social.
Naturalmente, la economía del bienestar enfrenta desafíos importantes. Hoy la discusión económica ya no se limita a preguntar cuánto crece un país. La verdadera pregunta es quiénes participan de ese crecimiento y cómo se traduce en mejores condiciones de vida para la población.
La economía del bienestar propone justamente ese cambio de perspectiva. Nos recuerda que detrás de cada indicador existen personas con aspiraciones, familias que trabajan todos los días y comunidades que esperan oportunidades para salir adelante.
Porque el éxito de una nación no debería medirse únicamente por el tamaño de su economía, sino por la dignidad con la que viven sus habitantes. Cuando el desarrollo llega a quienes más lo necesitan, el crecimiento deja de ser una cifra para convertirse en bienestar compartido. Esa es, en esencia, la apuesta del Humanismo Mexicano y uno de los pilares sobre los que hoy se construye el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
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