Marco Antonio Ferriz Z.
Lo que en estricto sentido debería ser un primer informe de gobierno por parte de la titular del Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, será apenas un informe de 100 días que se llevará a cabo el lunes 13 de diciembre.
Es probable que con ello la gobernadora violente la Constitución Política local, pues ésta no precisa sino apenas lo siguiente en el segundo párrafo del artículo 44: “La persona titular del Poder del Poder Ejecutivo Estatal deberá rendir ante el Congreso del Estado, por escrito, un informe sobre la situación general que guarde la administración pública, dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año”.
Sólo en el caso de que el informe se realice en el último año de gobierno, éste se presentará en los primeros cinco días del mes de agosto.
Así que habrá que esperar la acción del Congreso local, sobre todo porque la misma Constitución Política establece que una vez recibido el informe, procederá a analizarlos, pudiendo requerir información adicional o complementaria por escrito. Y, además, en un término que no deberá exceder de diez días, podrá solicitar al Ejecutivo la comparecencia obligatoria de los secretarios del ramo.
Ahora bien, hay que reconocer que poco puede esperarse de un informe que abarca apenas 100 días de gobierno. Apenas algunas acciones que, para el autor de este espacio, las más destacables son:
– El acuerdo al que se llegó con las empresas responsables de la construcción, comercialización y operatividad de la Central de Abastos de Tlaxcala para concluir el litigio que emprendieron cuando el gobierno de Mariano González Zarur suspendió las obras. El acuerdo es trascendente porque diversos juzgados federales ya habían condenado a la administración estatal a un pago de 680 millones de pesos para resarcir el daño a las firmas.
Y es importante, además, porque el acuerdo no cancela la posibilidad de que se inicien investigaciones contra funcionarios de administraciones pasadas por incurrir en probables responsabilidades. Si esto se concreta y se hace efectivo, González Zarur deberá responder varias cosas.
Por otra parte, de suyo el acuerdo es importante, no sólo porque reactivará inversión y creará empleos en una coyuntura económica dificilísima por la que atraviesa el país, sino porque Cuéllar Cisneros confirma un acuerdo político con el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz, que ahora mismo ya se observa en el Congreso local y en una relación al menos respetuosa con la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).
– Más allá del mal cálculo y pésima gestión realizada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, en la suspensión de la Feria Tlaxcala en su edición 2021, la Villa Navideña iniciada este 5 de diciembre viene a sustituirla y a paliar las penas económicas de muchos pequeños comerciantes que no han visto la suya desde hace varios meses. Sólo hay que esperar que esa apertura no se traduzca en un incremento de contagios y fallecimientos por coronavirus, para lo cual se requiere no caer en el exceso de confianza apenas este martes expresada por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, al descartar de plano una cuarta ola del virus.
– Las cosas positivas, sin embargo, se empañan por el tema de la seguridad pública, el lado flaco de esta administración que ha puesto en duda su genuino propósito a favor de las mujeres. Primero, porque ya se sabía que gran parte de la agenda gubernamental venía por ese lado, y pese a ello invitó a su gobierno a una persona acusada de acoso sexual agravado, como fue el caso de su ex secretario de Seguridad Ciudadana, Alfredo Álvarez Valenzuela, quien hoy por hoy es prófugo de la justicia debido a que es acusado de formar parte de la cofradía de la “hermandad”, integrada por elementos policíacos federales acusados por décadas de cometer abusos.
– Eso que se vio con la invitación a su gabinete de Álvarez Valenzuela, se repitió en otros casos con personajes que duraron poco tiempo en su responsabilidad. Y no son pocos los cambios ante el poco tiempo que lleva la actual administración, convirtiendo a este gabinete en sinónimo de inestabilidad, que seguramente verá nuevas bajas a principios de 2022 con la advertencia de la propia gobernadora de hacer un balance de trabajo de sus funcionarios.
Debe decirse que lo anterior ha estado acompañado de lo que bien puede considerarse como un error. Despedir a docenas de servidores públicos por el solo hecho de haber formado parte de administraciones pasadas, desaprovecha toda la experiencia acumulada, sustituyéndola con fidelidad política, como ha sucedido en el gobierno federal.
Así han transcurrido estos primeros cien días. Luces y sombras de un nuevo gobierno que aún falta por despegar. Y mientras los titubeos están a la vista, faltan dos temas importantes por venir: el presupuesto 2022 y el plan estatal de desarrollo.
