Tlaxcala, Tlax; 06 de marzo de 2024 (Selene Sosa) La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida emitió un pronunciamiento respecto a la sentencia en contra de Saúl N., defensor de la Malinche en Tlaxcala, en el que reclamó que, su detención es una violación de derechos y respeto a los pueblos originarios.
“El Estado mexicano castiga a los pueblos originarios de Tlaxcala mediante la detención arbitraria de Saúl Rosales Meléndez, como un castigo ejemplar a quienes nos atrevemos a organizarnos, a quienes nos atrevemos a defender los cerros, a quienes corremos la suerte de nacer en un territorio originario”.
En este sentido, el comunicado resalta que la determinación de su detención, ordenada por Ernestina Carro Roldán como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Tlaxcala, viola el Artículo II Constitucional y diversos tratados internacionales en materia de protección a los defensores del territorio.
Además, recuerda que, la sentencia en su contra por declararlo culpable de un homicidio calificado efectuado en 2021 tras un linchamiento, sólo por ser representante comunitario legítimo, es deslegitimar los cargos tradicionales, además de que atenta contra los pueblos.
“Nos indigna llegar a la cuarta Asamblea por el Agua y la vida… sin nuestro hermano nahua Saúl Rosales Meléndez quien nos ha enseñado con su ejemplo a defender y amar a la Matlalcuéyetl, siendo nuestra autoridad comunitaria de San Pedro Tlalcuapan legítima, no impuesta, no elegida por clientelismo político, no elegido con fraudes electorales”.
De igual modo, en el comunicado se recupera que el proceso en contra de Saúl N, ex presidente de la comunidad cita, “Hay una serie de irregularidades” y, pese a ello, las juezas Aída Báez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio lo declararon culpable, después de 17 audiencias en las que la PGJE “fue incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad”.
“La injusta sentencia… no sólo atenta contra sus derechos individuales, también atenta contra todos los pueblos que defendemos nuestro territorio. Es una agresión más en contra de los representantes comunitarios con mensaje muy claro de castigo a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, así mismo atentado a nuestros derechos ancestrales históricos que tenemos los pueblos originarios, impidiéndonos avanzar en el ejercicio de tareas de autogobierno de manera tradicional, sin embargo, le recordamos existimos antes de que existiera el propio Estado y no estamos dispuestos a desaparecer”.