Tlaxcala, Tlax; 31 de mayo de 2024 (Selene Sosa) A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que elementos de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Panotla, Eymard N., por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con el boletín de prensa, la dependencia a cargo de Ernestina Carro Roldán, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), realizaron la detención del ex servidor en la colonia Loma Xicohténcatl del municipio de Tlaxcala.
“Derivado del proceso de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 realizado al municipio de Panotla, se observaron irregularidades en la administración de los recursos, ya que Eymard N., en su carácter de presidente municipal, hizo adquisiciones ilícitas y desvío de recursos públicos en beneficio de personas físicas y morales”
De hallarse culpable, Eymard N. podría ser privado de su libertad por un periodo de tres a diez años, de más de pagar una multa que desde los 18 hasta los 216 días de salario mínimo, por el delito de peculado, según lo establecido en el Código Penal del Estado
A ello se le podrían sumar las sanciones por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, mismas que indican prisión de uno a nueve años y una multa de 18 a 648 días de salario que, al ser servidor, podrían triplicarse si se demuestra que él se benefició de ello.
Y es que, hay que recordar que, de acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el ayuntamiento de Panotla tuvo un posible daño patrimonial de 36 millones 312 mil 075.52 pesos en observaciones por pagos de bienes o servicios sin acreditar su recepción.
Así como por el uso de recursos distintos a los fines autorizados, pagos improcedentes, falta de bienes muebles, recursos no comprobados, pagos por montos superiores a los existentes en el mercado, obras pagadas y no ejecutadas, procesos de construcción deficiente, pagos de obras sin acreditar su existencia, y obras no fiscalizadas por ocultamiento de documentación comprobatoria.