Marco Antonio Ferriz Z.
El reciente desplegado firmado por gobernadoras y gobernadores afines al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en respaldo de que Mario Delgado y Citlalli Hernández continúen como presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político, rindió frutos. No fue la única presión política que recibió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues atrás de las presiones también estuvo la Secretaría de Gobernación, que representa fielmente los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así que la actual dirigencia nacional se queda hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, y será la encargada de organizar y definir las candidaturas al Senado, la Cámara de Diputados federal y gubernaturas. Y por supuesto, avalar la candidatura presidencial, cuya elección vendrá del propio López Obrador por más encuestas que se levanten durante los próximos meses.
Lamentablemente, la decisión mayoritaria que el miércoles surgió del TEPJF, en el futuro devendrá en actos antidemocráticos que pisotearán los derechos de muchas militancias partidistas. No hablamos sólo de Morena, sino del resto de los institutos políticos que se encuentran en el escenario electoral.
Siendo que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros estuvo entre las gobernadoras y gobernadores firmantes, la decisión del TEPJF no puede sino ser interpretada como favorable a sus intereses. ¿O quién puede imaginar que las candidaturas a las diputaciones locales y a los ayuntamientos no pasarán por la venia de la gobernadora? ¿De verdad Carlos Augusto Pérez tiene el talante para seleccionar candidaturas de manera democrática, cuando él mismo ha sido fruto del dedazo para llegar al cargo que actualmente ocupa?
Había argumentos jurídicos suficientes para que el Tribunal Electoral anulara la ampliación de Mario Delgado y de Citlalli Hernández. Uno de ellos fue que en la convocatoria del III Congreso Nacional Ordinario de Morena, realizado en septiembre de 2022, no se incluyó el tema de la continuación de ambos personajes; y que la propuesta de reforma estatutaria se introdujo un día antes de celebrarse el referido Congreso Nacional. Eso hizo que no se garantizara, así lo establecía el proyecto de la magistrada Janine Otálora, que militantes y congresistas estuviesen al tanto de que se pretendía prorrogar los cargos de presidente y secretaria general.
La determinación mayoritaria en el TEPJF da un fuerte golpe a la militancia inconforme con la ampliación. Y es más fuerte todavía, porque con ello se aplasta a las minorías.
Que un mayor número de votos haya avalado la prórroga de su dirigencia, no equivale a que la decisión haya sido democrática. De hecho, puede advertirse que tal consentimiento proviene de complacer o de avalar una decisión que se tomó de más arriba, concretamente del presidente de la República.
Y así como las gobernadoras y los gobernadores se plegaron a esa determinación presidencial, así también esperan que esa sumisión se traslade a sus respectivas entidades federativas con la definición de dirigencias estatales y candidaturas. Por eso no puede calificarse de otra manera sino como lamentable la determinación del TEPJF.
