Tlaxcala, Tlax; 25 de agosto de 2026 (David Rodríguez) El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, dio marcha atrás a sus declaraciones sobre el presunto uso de Casa de Gobierno como centro de operación política y terminó por alinearse a la postura emitida por el secretario de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández, quien descartó la veracidad de dichos señalamientos.
Cuestionado sobre las contradicciones en las que ha incurrido el gobierno, el vocero estatal argumentó que la falta de información a inicios de semana motivó sus primeros pronunciamientos, pero tras las indagatorias internas encabezadas por la Segob, la postura oficial definitiva quedó establecida por el encargado de la política interna.
«La postura respecto del asunto la ofreció el secretario de Gobierno, es parte de las indagatorias que se hicieron. La verdad es que al principio de la semana no teníamos toda la información; se hicieron las indagatorias y el secretario de Gobierno fue muy claro respecto a eso. Entiendo que ellos eran los indicados en informar de este asunto, ya no hay mucho más que decir», expuso el funcionario.
Esta declaración contrasta directamente con lo expuesto hace una semana por el propio Martínez Velázquez durante los «Diálogos Circulares», donde no solo reconoció la existencia de fotografías que exhibían a trabajadores manipulando propaganda partidista al interior de la sede gubernamental, sino que calificó el hecho como «muy preocupante» e informó el despido de tres empleados presuntamente involucrados en esas conductas.
En aquel momento, el coordinador de comunicación también adelantó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno detallaría las denuncias recibidas por presunta coacción laboral con tintes electorales.
Sin embargo, la narrativa oficial dio un giro luego de que el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, rechazara por segunda ocasión consecutiva contar con reportes o pruebas formales sobre actividades proselitistas en inmuebles públicos.
Con las recientes precisiones del área de Comunicación Social, la administración estatal cierra filas en torno a la versión de Segob, no obstante, todavía quedan dudas sobre las sanciones impuestas y despidos previamente anunciados.