Pensar, decir y hacer: responsabilidad de la 4T
Vicente Morales Pérez
Hablar de paz hoy no es un ejercicio retórico ni una concesión discursiva. Es hablar de una agenda global impostergable, reconocida por la comunidad internacional como condición básica para el desarrollo, la justicia y la estabilidad democrática. En un mundo atravesado por conflictos armados, desigualdad creciente y crisis institucionales, la paz ha dejado de ser un ideal aspiracional para convertirse en una responsabilidad compartida entre Estados y sociedades.
La Organización de las Naciones Unidas lo ha dicho con claridad al incorporar la paz en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Objetivo 16 no es una consigna simbólica: plantea la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, fortalecer el Estado de derecho y garantizar instituciones eficaces. La razón es evidente: sin paz no hay desarrollo sostenible, y sin desarrollo no hay futuro posible.
Los datos refuerzan esta visión. A nivel global, la violencia representa un costo económico equivalente a más del 13% del PIB mundial. Más de cien millones de personas viven desplazadas por conflictos, y millones más padecen violencia estructural derivada de la pobreza, la exclusión y la corrupción. La violencia no solo destruye vidas; debilita instituciones, erosiona la confianza social y frena el crecimiento económico. Por ello, la paz ya no es solo un asunto moral, sino una decisión estratégica de política pública.
Desde la perspectiva de la Agenda 2030, la paz no se limita a la ausencia de enfrentamientos armados. Es la presencia activa de justicia social, igualdad de oportunidades, acceso efectivo a derechos y participación ciudadana. Donde hay desigualdad extrema y abandono institucional, la violencia encuentra terreno fértil. Donde hay inclusión, legalidad y cohesión social, la paz se vuelve posible y sostenible.
En este marco, la experiencia mexicana ofrece una lección clara. Durante años se intentó enfrentar la violencia con enfoques reactivos, apostando más al uso de la fuerza que a la atención de las causas. Hoy existe un consenso creciente: no hay paz duradera sin justicia social. La inversión en educación, salud, empleo, cultura y prevención social del delito no es gasto superfluo; es una de las herramientas más eficaces para reducir la violencia y fortalecer la estabilidad.
La Agenda 2030 también subraya un punto esencial: la paz no es tarea exclusiva de los gobiernos. Requiere una ciudadanía activa, informada y corresponsable. La participación ciudadana, el diálogo comunitario, los mecanismos de parlamento abierto, la vigilancia social y la apropiación del espacio público son instrumentos concretos de construcción de paz. Cuando la sociedad se involucra, la violencia retrocede y la democracia se fortalece.
Defender la paz implica asumir compromisos cotidianos. Implica rechazar la corrupción, combatir la indiferencia, apostar por el diálogo y entender que cada acto que fortalece las instituciones contribuye a la estabilidad social. La paz se construye en las decisiones públicas, pero también en la vida diaria de las comunidades.
En tiempos de polarización y desinformación, sostener la paz exige convicción y responsabilidad. No se trata de callar las diferencias, sino de procesarlas democráticamente. No se trata de negar los conflictos, sino de resolverlos con justicia. La Agenda 2030 nos recuerda que la paz es un bien público global y que su defensa define el rumbo de las naciones.
La paz no es una consigna ni un punto de llegada. Es una agenda permanente que todos los países deben atender y que todas las sociedades están llamadas a defender. Porque solo con paz se construye desarrollo, democracia y un futuro compartido.
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