Tlaxcala, Tlax; 23 de junio de 2026 (David Rodríguez) Un total de 216 quejas en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado han sido promovidas ante el Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala.
La presidenta del órgano disciplinario, Violeta Fernández Vázquez, informó que las denuncias ciudadanas apuntan principalmente al rezago en los expedientes, la mala atención por parte del personal y la inconformidad con las sentencias emitidas, lo que ya ha derivado en inhabilitaciones y suspensiones temporales de funcionarios.
La magistrada afirmó que la cifra de expedientes iniciados es un reflejo de la confianza que la ciudadanía deposita en la institución a través de las denuncias presenciales en el Palacio de Justicia y los buzones instalados en las sedes judiciales.
Fernández Vázquez admitió que el retardo judicial es un problema asociado a la pesada carga de trabajo que registran los juzgados en todo el estado, no obstante, ya analizan diversas estrategias para terminar con ese malestar social de los justiciables.
«Se está revisando si es necesaria la contratación o verificar qué funciones está desempeñando el personal que se tiene, y de esa manera quizá llevarlos a los lugares o juzgados donde más se requiere (…) estamos eficientando recursos», detalló, tras explicar que trabajan en coordinación con el Pleno del Órgano de Administración Judicial para implementar estas acciones de reforzamiento.
Además del retraso en los juicios, el catálogo de inconformidades ciudadanas incluye el trato inadecuado por parte de los funcionarios de los juzgados y el desacuerdo directo de los litigantes con las resoluciones o fallos dictados por los jueces.
De las 216 quejas, la presidenta confirmó que el órgano ya ha emitido sanciones administrativas severas contra los servidores públicos que incurrieron en anomalías.
Fernández Vázquez confirmó que el tribunal a su cargo ha determinado amonestaciones, suspensiones laborales que van desde los 15 hasta los 30 días sin goce de sueldo, así como una orden de inhabilitación definitiva para ejercer cargos en el servicio público.