Adriana Dávila Fernández
Diputada federal
A estas alturas, ya no sorprende escuchar, leer y observar la soberbia y cerrazón de los fanáticos seguidores de la supuesta transformación del país, cuando la ley favorece las solicitudes presidenciales. Se aplaude y se pregona que los actos están «apegados a derecho«, pero cuando la aplicación de la norma es adversa, entonces todo es producto de un «complot conservador o neoliberal» que ha impulsado el «estado de chueco«. ¿Qué tanto es violar la ley -aunque sea poquito- si lo manda el presidente?
Se ha hecho costumbre en este gobierno -desde arriba y hasta el último nivel- desconocer la normatividad, así sea la propia Constitución que se juró guardar y hacer guardar, y justificar que se hace porque primero es la justicia. Tuvo el tiempo suficiente para intentar modificar el texto constitucional (a pesar de que los electores le otorgaron el 37% de la representación en la Cámara de Diputados y de haber burlado la ley con una desaseada maniobra política para obtener una mayoría artificial). Sin duda, incomoda y enoja mucho al habitante de Palacio Nacional no tener en el Senado de la República la mayoría calificada para lograrlo).
Se dicen demócratas, hasta que pierden las votaciones. ¡Cómo olvidar el negro capítulo de la elección de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos! Vergüenza legislativa que solo refuerza la simulación como discurso.
Son muchos los ejemplos de lo que se debe investigar y que se termina por archivar. Si hay detección de enriquecimiento ilícito entre los suyos (como las casas del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett o la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval), no hay que dar seguimiento, puesto que son parte de su equipo. Si se detectan irregularidades (por las asignaciones al hijo de Manuel Bartlett o a la prima Felipa Obrador), «es producto de un error». Si se exhiben videos con claras extorsiones del hermano del presidente, no hay delito qué perseguir ni hechos por aclarar, porque «son aportaciones del pueblo» (aunque muchas y muchos entendimos que la entrega era recurrente, anotada en un cuaderno y para la campaña del otrora candidato de la supuesta izquierda). Y de eso, ni hablar ni pío. Todo es parte de un discurso simulado para no saber dónde quedó eso de «no robar».
Otro acto simulado es aquello del fuero legislativo. Mientras la sociedad en su conjunto está conmocionada por el testimonio de un joven abusado sexualmente por el diputado morenista Saúl Huerta, así como del audio en el que le solicita a la madre del menor que no lo destruya y que se los va a retribuir económicamente con creces. Lo cierto es que se cae el velo de una de las banderas del gobierno, mentira a la luz de los hechos, aquello de «eliminar el fuero» porque es precisamente por esa prebenda que el legislador fue puesto en libertad, y como bien señala la fiscal de la Ciudad de México, es por ello que no se puede ejercer acción penal en su contra. Morena y sus aliados han decidido posponer el juicio para quitarle el fuero hasta después de las elecciones; le apuestan al olvido. ¿Dónde queda la promesa de justicia para las víctimas? Simple palabrería.
En este relato de simulaciones es triste ver cómo se desconoce, e incluso se descalifica, a las personas que eran parte del «pueblo bueno» cuando apoyaron a Morena, pero que ahora son «traidores«, porque no demostraron lealtad ciega a un proyecto político que les ha negado medicamentos, atención sanitaria, paz, seguridad, vida (muchas familias están de luto a causa de la violencia o por negligencia del gobierno), empleo.
Hoy, millones de personas que se enfrentan a la realidad en datos se han sentido traicionados. Entienden que la simulación en el discurso solo ha servido para repartir culpas y no para solucionar los graves problemas de su presente.
