Adriana Dávila Fernández
Diputada federal
Estos poco más de dos años de gobierno han propiciado la división social, el fomento al resentimiento y odio por un pasado neoliberal culpable de todos los males que nos aquejan, el echar culpas a todo para justificar la falta de resultados, el imponerse como «guardián o vocero» de la democracia en defensa constante de un clientelismo electoral, el pretexto de la austeridad presupuestal para dejar sin recursos a toda una maquinaria federal que los necesita para cumplir con sus funciones. En pocas palabras, se maneja y ajusta el discurso presidencial según convenga a los intereses del momento.
Resulta toda una ironía que la clase política que ahora está en el poder se empeña en ver, justificar y evadir su actuación y que a pesar de los señalamientos que hace, una y otra vez ha sido evidenciada por sus malas decisiones, nulos resultados y lo peor, la afectación directa a los sectores más vulnerables. Esa misma clase política que, con soberbia y autoritarismo, decidió hacer caso omiso de comentarios, observaciones o críticas, hoy es expuesta con el colapso de una parte de la emblemática Línea Dorada. ¿Cómo explicar tantas anomalías en tan poco tiempo? Debemos recordar que esta línea no ha cumplido 10 años de vida; más tardó en construirse que en cerrarse de forma parcial para actividades de mantenimiento en 2014. Desde los sismos del 2017, las grietas eran evidentes.
Después del accidente ocurrido en el Metro de la Ciudad de México, que hasta el momento ha cobrado 25 vidas y ha dejado 79 personas lesionadas, es importante reflexionar sobre lo que significa una “austeridad republicana” que impacta directamente en la calidad de los servicios públicos para la población en su conjunto.
La reducción en el presupuesto del Metro desde 2018 le ha quitado más o menos 2,500 millones de pesos para su operación, aún a sabiendas de que antes de este derrumbe, ya había sufrido choques de trenes, incendios, inundaciones, resquebrajamientos en su estructura, fallas ya denunciadas por usuarios y por trabajadores. Era pues de todos conocido, la urgencia de inyectar una buena cantidad de recursos económicos para supervisar, reparar, modernizar y dar mantenimiento a un servicio de transporte público de más de 50 años.
Finalmente, sabemos que estos ahorros, junto con los que tanto se han presumido desde la presidencia de la República, se han utilizado para cubrir todos los frentes electorales posibles, única prioridad que se ha movido los hilos de las decisiones de poder.
Estamos bajo los parámetros de una austeridad a conveniencia que ha rebasado los límites tolerables: ha dejado sin Seguro Popular a millones de mexicanas y mexicanos; ha eliminado programas, medicinas y atención oncológica para niñas, niños, mujeres; ha cancelado estancias infantiles; ha acabado con proyectos productivos para mujeres y 109 fideicomisos. Muchas y muchos son los que pagan las consecuencias y frente a ello, es indignante la negligencia, insensibilidad e indolencia presidencial. Una vez más, las víctimas son ignoradas.
Sin duda alguna, este acto criminal demanda certeza y transparencia. Se necesitan respuestas basadas en peritajes profesionales, así como la determinación de las causas de la catástrofe para deslindar responsabilidades.
Lo cierto es que ante este hecho, hay presuntos culpables que pertenecen al mismo clan. Entonces, ¿a quién se va a juzgar, si la procuración de justicia es más selectiva que nunca? ¿Cómo se va a castigar, si quien abusa del poder para atacar, intimidar, perseguir, amenazar, tiene que cubrir con su manto de impunidad a los suyos?
Nuestra obligación como ciudadanas y ciudadanos solidarios con quienes han padecido las consecuencias de las omisiones de la autoridad es no olvidar lo sucedido, no normalizar el dolor y exigir castigo a los culpables.
