Marco Antonio Ferriz Z.
No sorprende la decisión que ha tomado el gobierno federal. Junto con él, acompañando la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobiernos estatales que también han determinado el regreso a clases el próximo 30 de agosto. Es el caso de Tlaxcala, que con el triunfo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el pasado 6 de junio, seguirá en todas sus decisiones y acciones al tabasqueño.
Toda acción gubernamental está sujeta a la observación crítica de la sociedad y puede ser avalada o rechazada. En este caso, varios estudios demoscópicos han evidenciado que la determinación sobre el regreso a clases no es algo que apruebe una generalidad de padres de familia. Hay motivos suficientes para ello.
Se cuestiona, en primer lugar, que el regreso a las aulas escolares se dé en pleno ascenso en el número de contagios del virus. En segundo, que se realice sin que se dé a conocer un diagnóstico transparente, claro y objetivo de la situación en la que físicamente se encuentran los planteles educativos y si éstos cuentan con todo lo necesario para que el alumnado realice las acciones de higiene que se requieren y que son necesarias.
No existe ese diagnóstico porque en éste tendría que haberse incluido una evaluación de lo que fue la modalidad de educación a distancia. No haberlo hecho es indicativo de un fracaso que no quiere ser admitido por el gobierno federal, tan proclive a la adulación y al rechazo de la crítica.
Por eso es que ante ese fracaso, en el regreso a clases el peso mayor se lo deja el gobierno a los padres de familia. Primero con la firma de una responsiva en la que se comprometen a hacer una revisión diagnóstica de sus hijos para verificar que no tengan “malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar”. Como si acaso uno de esos malestares fuera equivalente a tener el coronavirus.
Pero suponiendo que el estudiante llegara sano a la escuela y ahí se contagiara, ni el gobierno federal ni el gobierno estatal de ninguna manera se hacen responsables de ayudarle a él y a su familia. Ni tampoco a las maestras y maestros que resultasen contagiados.
Tal vez un gobernante como López Obrador, de quien todos los médicos y hospitales están a su disposición en caso de enfermar, no tenga presente esa posibilidad. Sin embargo, que un infante o un educador resulte contagiado significará la erogación de recursos económicos para él y su familia, ya de por sí escasos por la crisis que ha dejado la pandemia.
Eso no es una cosa menor. Es bien sabido que la movilización de estudiantes y educadores hace que el sistema de transporte sea insuficiente por las mañanas, por las tardes y por las noches, lo cual se traduce en amontonamientos naturales en espacios radicalmente reducidos y sin ventilación. Tal cosa, sin embargo, no la conocen los gobernantes, quienes siempre tienen transporte a disposición.
Las cosas que hizo bien el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez al inicio de la pandemia, se borran con el regreso precipitado a las aulas. Acaso el temor de enfrentar consecuencias futuras ante el ocaso de su gobierno, le haya hecho dejar en el olvido los actos prudentes que le caracterizaron.
Con todo, el problema mayor, sin embargo, no será para él, pues el inicio del próximo ciclo escolar coincide con la terminación de su periodo como gobernador. El peso mayor lo tendrá Lorena Cuéllar Cisneros si el regreso a clases se sale de control. No sólo porque podría iniciarse un conflicto social desde las comunidades al centro de la capital, sino también porque el sistema hospitalario podría hacer crisis ante el número de contagios imposible de atender.
Lo prudente era haber esperado, al menos, un semestre. No se hizo así. Lo que viene ahora nadie lo sabe porque entramos a un túnel oscuro, del que no se sabe qué hay. No se diga, sin embargo, que hubo advertencias sensatas.
Comentario: Tan proclive López Obrador a las consultas, en su estrategia de regreso a clases le faltó algo esencial: tomar en cuenta la opinión de los niños y de los adolescentes estudiantes.
La decisión ya la tomó la autoridad y la tomarán los padres de familia, pero ¿y los estudiantes? ¿Dónde está su derecho a la opinión?
