Tlaxcala, Tlax; 11 de septiembre de 2024 (David Rodríguez) A menos de 24 horas de conocer la minuta de reforma constitucional en materia de reforma del Poder Judicial, diputados de la LXV Legislatura de Tlaxcala aprobaron la noche de este miércoles sin mayor problema el documento enviado por la Cámara de Senadores.
En una sesión extraordinaria en la que únicamente estaba contemplado dar entrada a la minuta, los legisladores locales adicionaron un punto para someter a consideración del pleno la aprobación de la reforma al Poder Judicial sin la necesidad de pasar por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con 21 votos a favor de los legisladores de Morena y sus aliados del PT, PVEM, Nueva Alianza Tlaxcala, Alianza Ciudadana y Redes Sociales Progresistas Tlaxcala, y cuatro en contra del PAN, PRD, MC y la legisladora sin partido Blanca Águila, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala se sumó a la lista de 15 cuatro parlamentos que ya validaron la minuta antes referida.
Antes de la validación, la diputada Blanca Águila afirmó que la reforma es la puerta de entrada para que grupos facticos con un amplio poder económico puedan tener control sobre uno de los poderes que quedará sometido a los intereses del Ejecutivo Federal.
“Lo que sucedió en el Senado y en la Cámara de Diputados y lo que sucede en los Congresos locales como la tarde de hoy en Tlaxcala, se trata de la complacencia, la sinrazón de la sed de venganza, sin límites de una sola persona que se comprometió de manera pública a respetar la independencia del Poder Judicial”, agregó para después asegurar que éste es el primer paso hacia un gobierno autoritario y autócrata.
Los posicionamientos en contra de la reforma los completaron las legisladoras de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, Sandra Aguilar Vega y Miriam Martínez Sánchez, respectivamente, quienes junto con la perredista Laura Yamili Flores Lozano votaron contra esas enmiendas.
La diputada Sandra Aguilar aseguró que las modificaciones a la Constitución debilitan la autonomía del Poder Judicial y afirmó que la elección de magistrados, ministros y jueces del Poder Judicial, no garantizan la imparcialidad ni el acceso a una justicia eficaz.
La panista Miriam Martínez criticó la celeridad en la que los parlamentos estatales, incluido el de Tlaxcala, dieron trámite a la minuta de reforma constitucional que envió el Senado de la República la madrugada de este 11 de septiembre.
“No es posible que, en tiempo record, nueve estados en sus Congresos le den entrada y dictaminen una reforma de este calado, es claro que quieren quedar bien. No tenemos ni medio mes en el cargo y los poderes legislativos funcionan como oficina de trámite del Ejecutivo Federal. Me extraña la celeridad de la reforma que apenas en la madrugada fue aprobada cuando hay muchas enmiendas en el cajón del olvido”, añadió.
A favor de la reforma se pronunciaron el petista Silvano Garay Ulloa, el coordinador de los morenistas Ever Alejandro Campech Avelar y la otrora opositora a morena Aurora Villeda Temoltzin, quienes coincidieron en la necesidad de validar la reforma para terminar con los vicios que existen en el Poder Judicial y que garantizarán una impartición de justicia pronta, completa y expedita.
Garay Ulloa aseguró que la reforma al Poder Judicial es la respuesta a la confianza que depositaron más de 36 millones de mexicanos en los legisladores que impulsan de manera pacífica la cuarta transformación de México.
El morenista y también presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, explicó que esas modificaciones buscan renovar estructuralmente a un poder que ha sido señalado por incurrir en actos de corrupción y nepotismo, a través de un Tribunal de disciplina y un órgano de administración judicial.
Hasta esta noche sumaban 15 Congresos estatales los que ya habían aprobado la minuta, sin embargo, en la página de internet del Senado de la República, únicamente tenían contabilizados nueve parlamentos los que habían dado trámite legislativo a esa reforma.
En el transcurso de las próximas horas se completará la mitad más uno de los Congresos que se necesitan para declarar la constitucionalidad de la reforma en materia de reforma del Poder Judicial.