Tlaxcala, Tlax; 28 de julio de 2023 (Selene Sosa) Esta semana el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, encabezó la VII Jornada Diocesana de Prevención de la Trata de Mujeres y Niñas en el marco de la Conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas el próximo 30 de julio.
En su desarrollo, las organizaciones civiles puntualizaron, “es urgente detener la indolencia, impunidad y simulación gubernamental en el combate a la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala”.
Asimismo, detallaron que han detectado que de 2009 a 2022, las autoridades de Tlaxcala y de otros estados y, así como el mismo Gobierno Federal, detuvieron a 246 personas involucradas en dicho delito; 18 son tlaxcaltecas.
Bajo este orden de ideas, las organizaciones también reclamaron que desde hace casi un año que se publicó el Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022 – 2027 y se consolidó el Consejo Estatal contra la Trata, no ha habido resultados.
“Manifestamos nuestra preocupación porque las acciones contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se han reducido, también en este periodo de gobierno, sólo a difundir información a través de una campaña de videos y no a implementar de manera integral el Programa estatal contra la trata de mujeres”.
Igualmente, condenaron que no se reporten carpetas de investigación por dicho delito por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya que “de enero de 2017 a diciembre de 2022, se abrieron 52 carpetas de investigación sobre trata y sólo una alcanzó sentencia condenatoria firme. Podemos ver así que la impunidad alcanzó el 98 por ciento”.
En este sentido, comentaron “Este gobierno continúa con una estrategia de simulación frente a la trata de mujeres y niñas”, además, cuestionaron sobre el uso de los 655 millones 372 mil 419 pesos destinados para “la prevención, sanción y erradicación de la trata de personas”.
Finalmente, concluyeron, “este gobierno confirma que no es aliado de las mujeres víctimas de violencia y particularmente de las que han sido víctimas de explotación sexual… sosteniendo los impactos nacionales e internacionales de este delito. Esta impunidad convierte al gobierno actual en parte del Estado proxeneta”.
