Tlaxcala, Tlax; 31 de julio de 2026 (David Rodríguez) La presidenta municipal de San Pablo del Monte, Ana Lucía Arce Luna, reveló que tanto ella como integrantes de su equipo de trabajo han sido objeto de amenazas durante el proceso de ordenamiento y recuperación del mercado bicentenario, del que un grupo de personas se ha beneficiado económicamente de manera ilegal.
En rueda de prensa, la alcaldesa dijo que pese a las intimidaciones generadas por la resistencia de los grupos que durante una década se han beneficiado del inmueble, su gobierno se mantendrá firme para aplicar la ley, recuperar los espacios y reactivar la economía de ese espacio.
El conflicto marcado por la presión política
Las intimidaciones ocurren en un contexto donde el ayuntamiento ha exhibido públicamente una red de irregularidades que incluye cobros particulares, resistencia a la regularización y el impedimento para que nuevos comerciantes pueda utilizar los espacios al interior del mercado.
Sin dar nombres, la alcaldesa refirió que entre los liderazgos que se han adueñado del inmueble y que se resisten a perder los privilegios se encuentra un exdiputado federal de quien ya se tienen pruebas sólidas para realizar el señalamiento, mientras que de un exalcalde aún no se tiene la certeza de que se encuentre detrás del conflicto.
Arce Luna hizo un llamado a los locatarios a regularizar su situación con el ayuntamiento para pagar solamente 809 pesos mensuales al ayuntamiento y no los 2 mil pesos que les cobran de manera irregular los liderazgos que no reportan ni un solo peso a la administración municipal.
Frente al clima de hostigamiento, la presidenta dejó claro que las amenazas no detendrán el trabajo de la administración municipal ni frenarán el acompañamiento legal que se realiza en coordinación con la Secretaría de Gobierno y las instancias estatales.
«Desde el primer día de gobierno, esa fue la indicación para todos los compañeros: nada por encima de la ley, nada»*, sentenció la munícipe, advirtiendo que continuarán hasta las últimas consecuencias para devolver el patrimonio municipal a las y los ciudadanos de San Pablo del Monte.
De la misma manera afirmó que buscará las medidas de protección para ella y los funcionarios que han sido amenazados, al tiempo de iniciar los procesos legales contra quienes pretenden alterar vulnerar la integridad de las personas.
Asimismo, informó que el plazo límite que tienen los locatarios para regularizar su situación es el 31 de julio próximo, de lo contrario, podrían hacer valer los mecanismos de fuerza para recuperar los espacios, aunque aclaro que ese no es el fin y tampoco la confrontación con los locatarios.