Adriana Dávila Fernández
Diputada federal
Días después de la tragedia de la Ciudad de México, por el colapso de un tramo de la Línea Dorada del Metro, quedan escombros de dolor y tristeza. Mientras muchas personas están de duelo, no cesan las justificaciones oficiales sobre la negligencia criminal de la clase política que ha gobernado la capital de la República Mexicana desde 1997, pero eso sí, no ha salido ninguna palabra de solidaridad ni empatía con quienes sufren: 26 personas fallecidas. Familias enlutadas que nunca imaginaron que ese sería el último viaje de sus seres queridos.
A todo eso hay que sumar la insensibilidad del habitante de Palacio Nacional. No solo guardó silencio la noche de la tragedia, sino que al otro día, en su conferencia matutina, arremetió contra periodistas para distraer la atención de lo realmente importante.
No conforme con eso, López Obrador mandó al “carajo” a los familiares de los fallecidos y heridos. “No es para irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo”.
¡Qué falta de empatía! Un gobernante tendría que solidarizarse y no mandarlos al “carajo”. Hacer presencia no es para tomarse la foto. Un verdadero líder no es miope ante la tragedia. Por desgracia, México carece de liderazgo, porque el presidente se dedica únicamente a hacer campaña electoral y denostar a sus “adversarios”.
El accidente del Metro es tema obligado para todos los habitantes, no sólo para los capitalinos, para quienes queda latente el temor y la desconfianza, porque ninguna acción de gobierno se llevó a cabo para evitar esta catástrofe, a pesar de las muchas denuncias que por diversas vías se hicieron sobre las fallas estructurales existentes; hoy, la necesidad de viajar en el Metro se convierte en un riesgo de vida.
Quedan los relatos de los sobrevivientes, mientras se repiten una y otra vez las reacciones a este «incidente» -como le suelen llamar las autoridades ante tantas tragedias que se han padecido a nivel nacional-: la necesidad de «ganar tiempo» para construir una narrativa de gobierno que permita desviar la atención y no asumir la responsabilidad de las y los que aspiran a seguir en el poder público, lo cual a estas alturas no resulta novedoso.
Quedan los actos impunes, porque no existe ninguna decisión para pedir/aceptar renuncias de las y los funcionarios que no han hecho su trabajo de supervisión y mantenimiento a las labores que en todos los órdenes de gobierno, la ley les obliga a cumplir.
Quedan las promesas de «peritajes profesionales, averiguaciones, indagaciones» (todas a conveniencia), cuando los responsables siguen en sus cargos, una forma simulada de conducir «autónomamente» una investigación cuando se es, juez y parte. Y debo aclarar, esto acontece desde diciembre del 2018: la explosión en Tlalhuelilpan, Hidalgo; el suministro de medicamento contaminado en el Hospital Regional de Tabasco, las masacres en distintas entidades federativas, por mencionar algunas.
Quedan las denuncias públicas de los trabajadores de distintas áreas y ramos que han sido afectados por las decisiones políticas que recortaron, en nombre de la austeridad, los presupuestos y comprometieron su seguridad, así como la operatividad de sus actividades y, lo peor, la posibilidad de brindar un servicio público con un mínimo de eficiencia.
Queda el artero ataque a los medios de comunicación. Desde los espacios del poder público, se busca «callar» a las voces que presentan la realidad en datos e imágenes. ¿Qué tipo de noticias esperaban después del colapso de una estructura? Ahora resulta que comunicar la tragedia, documentar hechos y difundir testimonios, son parte de una «estrategia golpista«.
Y entre los escombros de dolor y tristeza, es lamentable la respuesta de la autoridad cuando el hedor de corrupción, complicidad e impunidad no se puede ocultar. Simplemente es moralmente inaceptable para los que pregonaron no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Cada día, en la vida pública nacional, se reportan las consecuencias de decisiones políticas que afectan a millones de mexicanos, en particular los más vulnerables. Ellos deberían ser la prioridad de gobierno para mejorar su condiciones de vida.
Aquella añeja consigna electoral de «Primero los pobres», se ha convertido en una inevitable sentencia de muerte porque ellos han sido los más afectados ante la ausencia de políticas públicas. Sin duda, este ya es un sexenio marcado por la muerte, el dolor, la simulación y la falta de certeza en los por qué.
