Tlaxcala, Tlax; 14 de octubre de 2024 (David Rodríguez) El presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, ofreció disculpas públicas a las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidos por elementos de seguridad pública de esa demarcación durante la administración pasada.
Las disculpas públicas ofrecidas a familiares y deudos de tres víctimas de distintos hechos cometidos entre 2022 y 2023, forman parte de proceso resarcitorio del gobierno municipal por conductas arbitrarias y que extralimitaron las funciones de los efectivos municipales.
El alcalde apizaquense recordó que a partir de los hechos registrados el 3 de enero de 2022, se generó la queja 03/2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la detención e ingreso a los separos de la Dirección de Seguridad Pública, de una persona que después fue hallada sin vida.
La segunda queja identificada bajo el número 05/2024 por acontecimientos registrados el 4 de octubre de 2023, refiere que una persona detenida por portación de arma blanca, fue traslada a los mismos separos donde elementos de seguridad pública golpearon al individuo.
El tercer hecho tuvo verificación el 13 de diciembre de 2023 cuando un elemento de seguridad pública en aparente estado de ebriedad, desenfundó su arma y la accionó afuera de un taller eléctrico, por lo que provocó la muerte de una persona.
Por esos hechos, además de la disculpa pública, el alcalde de Apizaco aseguró que cumplirá con la responsabilidad que le corresponde a su gobierno para reparar los daños e indemnizar a los deudos de las personas fallecidas en dos de los tres actos que fueron sujetos de recomendaciones de la CEDH.
De la misma manera, se comprometió a que no volverán a suceder actos como los denunciados y, para ellos, afirmó que capacitará a todos los funcionarios públicos municipales en materia de derechos humanos.
En su oportunidad, la presidenta de la CEDH, Jacqueline Ordóñez Brasdefer, reconoció la voluntad y responsabilidad asumida por los representantes del Gobierno municipal para aceptar las recomendaciones de las que fueron objeto, aún y cuando los hechos no se cometieron durante la presente administración.
