Marco Antonio Ferriz Z.
El martes de esta semana, por la tarde, un familiar cercano a quien esto escribe, fue asaltado en su auto. A punta de pistola una pareja lo asaltó, quitándole el auto, la cartera y el teléfono. Incomunicado y con solo 20 pesos en la bolsa, que la propia pareja asaltante le dio, acudió a un amigo para solicitar auxilio.
Ambos se trasladaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para interponer la denuncia respectiva. No pudieron hacerlo. Cinco personas antes que ellos estaban también haciendo fila para interponer denuncia ¡por el mismo delito!
Este jueves, una persona más, a bordo de su automóvil, fue asaltado. Sin embargo, debido a que opuso resistencia, recibió de su asaltante al menos cinco disparos por arma de fuego. Como pudo, se trasladó a un hospital en la comunidad de Tizatlán, municipio de Tlaxcala, donde hasta el cierre de este artículo, recibía atención médica, pero era obvio que se encontraba en una situación de gravedad. Ojalá salve su vida.
Los asaltos, en automóvil, en domicilio propio o en plena vía pública, están a la orden del día. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y su secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, sostienen que Tlaxcala es la entidad federativa más segura del país. Se equivocan. Acaso, por las estadísticas, es la menos insegura. El hecho es que la delincuencia está sentando sus reales en Tlaxcala, muy a pesar del discurso oficial.
Lo grave es que el responsable de la seguridad pública en el estado no da buenas noticias: la delincuencia organizada y grupos colombianos bien identificados ya dan sus primeros pasos para tener presencia en el estado. Los centroamericanos ya la tienen y algunas personas, comerciantes o no, sufren de ello. Una persona fue baleada en Natívitas recientemente y perdió la vida la recibir varios impactos de bala.
Lo quiera o no aceptar la gobernadora y el funcionario del gabinete, todo hace indicar que la autoridad, la estatal y las municipales, están perdiendo la batalla en contra de la delincuencia.
En esa circunstancia, resulta lógico el comportamiento de muchas personas en las comunidades, cuando descubren y atrapan por ellas mismas a ladrones. San Pablo del Monte fue el último lugar donde un ladrón recibió una golpiza y murió en un hospital a causa de las lesiones que pobladores le dieron al sujeto.
Hay una rabia y una impotencia en la población que le ha hecho perder, desde ya hace algunos años, la cordura de respetar la vida de una persona dedicada al robo o a la extorsión. Hay una desesperanza de ver a diferentes partidos políticos llegar y salir del gobierno, sin que suceda un cambio relevante. Finalmente, quienes llegan al poder son los mismos. Véase si no el nombre de la propia gobernadora, que ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad pública postulada o arropada por al menos tres institutos políticos.
No es la única persona. Así hay muchas más en los tres órdenes de gobierno. La diferencia es que estas personas, al tener un cargo público, no se vuelven como nosotros en la vía pública. Tienen tras de sí seguridad personal que les impide ver la realidad que rodea a una gran mayoría de la población.
Hay que decirlo con todas sus letras: a punto de concluir su periodo, la política de abrazos y no balazos ha servido para nada.
