Marco Antonio Ferriz Z.
Más allá de la propaganda gubernamental que exalta éxitos sin autocrítica alguna, como seguramente será el mensaje que el domingo 4 de diciembre emita la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en lo que será su Primer Informe de Gobierno, hay acciones y hechos que sobresalen como claros puntos negros en los 14 meses la actual administración.
El primero, sin duda, es el tema de seguridad, cuyo nombramiento de la persona titular del ramo no se ha dado, lo cual hace todavía más notorio y palpable un problema que no ha sido resuelto por más que la gobernadora quiera minimizarlo.
Es claro que la mandataria estatal ha fallado en sus análisis de seleccionar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluidos los encargados de esa institución. Ninguno ha atinado a idear una estrategia de seguridad, motivo por el cual 6 de cada 10 personas se sienten inseguras.
Otro negro en el arroz, que no ayuda a la imagen de este gobierno, es la opacidad. No sólo en el tema informativo, donde la salida y el cambio de funcionarios ha pretendido dejarse pasar como inadvertida, sino hechos de corrupción que han golpeado a la actual administración al ser descubiertos.
En este renglón los conflictos de intereses han estado a la orden día, pretendiendo ser ocultados hasta que algunas crisis los han desnudado. La concesión de autobuses para transportar a maestras y maestros a sus centros de labores es el mejor ejemplo, donde el líder de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Cutberto Chávez de la Rosa, fue cómplice. Vergonzoso.
La opacidad, sin embargo, también abarca el tema económico, como bien lo demuestra el más reciente análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el que se exhibe que el gobierno lorenista realiza compras que violan las leyes de transparencia y obras públicas.
Debido a que el estudio corresponde al ejercicio fiscal de 2021, puede ser que la responsabilidad sea compartida con el gobierno del priista Marco Antonio Mena Rodríguez. El problema es que ese procedimiento opaco sigue efectuándose violando normatividades. Además, desnuda posibles corruptelas de funcionarios menistas que a más de un año siguen impunes.
Acaso la notaría heredada por el ex gobernador a un familiar cercano de la mandataria estatal, haya sido un acuerdo de impunidad a posibles irregularidades económicas encontradas, como una forma de pago a un trabajo político y electoral que se dejó hacer para favorecer al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados.
Finalmente, dentro de la crítica a este gobierno no puede dejarse pasar la ineptitud que han mostrado ciertos integrantes del gabinete. Destacadamente se encuentra el secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, pero también en la lista se encuentra el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, con la incapacidad política para resolver conflictos municipales que en algunos casos han costado vidas.
Más recientemente se sumó el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, con el tema de los dulces Lucas Muecas, que fueron prohibidos para su venta en escuelas de educación básica debido a una supuesta adulteración que implicaba intoxicaciones para quien los consumiera. El supuesto estudio realizado tuvo inconsistencias que ahora mismo se le han revertido al gobierno lorenista.
Y si hay algo que le ha costado imagen al gobierno lorenista, es su relación con los colectivos feministas, que no ven en esta administración una aliada. Más todavía cuando en medios nacionales la gobernadora afirma que durante su gestión no ha habido ningún caso de trata.
En suma, cuatro temas que no dejan bien parada a la administración estatal en su primer año. Sin embargo, por la propaganda gubernamental desplegada, seguramente serán ignorados por la gobernadora, lo cual representa una mala señal porque hacerlo es signo de una ausencia total de autocrítica que todo gobierno debe tener para mejorar.
