Tlaxcala, Tlax; 28 de julio de 2026 (David Rodríguez) El secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Alberto Martín Perea Marrufo, admitió que hay desinterés de las autoridades de los 60 municipios del estado para prohibir el sexoservicio en la vía pública.
Mencionó que, hasta el momento las autoridades municipales no han informado sobre la homologación del término de prostitución en sus Bandos de Policía y Gobierno y tampoco han montado operativos para inhibir ese oficio en la vía pública.
“El sexoservicio en los municipios es más visibles en la vía corta, ahí hay un tema sobre la corresponsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de las dependencias del estado pero la prostitución es falta administrativa que compete a los municipios”.
El funcionario precisó que, si bien la seguridad pública demanda una labor de corresponsabilidad entre la Federación, el Estado y los Municipios, la prostitución en las calles es una falta administrativa cuya atención y sanción corresponden de manera directa y exclusiva a los ayuntamientos.
Al no actuar ni solicitar acompañamiento, las autoridades municipales caen en una postura de omisión y tolerancia frente a una problemática de su estricta competencia.
El secretario de Seguridad aclaró que el Gobierno del Estado mantiene la disposición de sumar esfuerzos mediante operativos conjuntos para retirar a damas y caballeros que ejercen el sexoservicio en estos puntos carreteros; sin embargo, reiteró que la iniciativa debe surgir del ámbito municipal.
“Ninguno lo ha hecho, o no tenemos la información de que los municipios nos hayan dicho: saben qué ya hice el operativo, ocupo que me apoye el Estado; claro con gusto, vamos a hacer operativo para retirar a damas y caballeros que ejercen la prostitución y obviamente invitarlos a que se retiren o ponerlos a disposición de un juez de paz para que haga lo correspondiente”, explicó.
La ruta legal que deben seguir los municipios, según el funcionario estatal, es proceder al retiro de las personas o hacerles la invitación correspondiente o, en su caso, remitirlas formalmente ante los Jueces de Paz para que apliquen las sanciones administrativas correspondientes conforme al reglamento local.