Tlaxcala, Tlax; 10 de septiembre de 2026 (David Rodríguez) La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzó los protocolos de ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala y Apizaco, a fin de erradicar actos de corrupción tolerados en gestiones pasadas y blindar el penal de conductas irregulares y hasta de salud para las personas privadas de la libertad.
El titular de la dependencia, Alberto Martín Perea Marrufo, reconoció que las nuevas disposiciones han provocado inconformidad debido a que cortan de tajo vicios permitidos durante el periodo del exdirector Juan Antonio Martínez Guerrero, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia tras señalamientos de irregularidades presentados por internos.
“Familiares daban ciertas cuotas y podían acceder a hacer cosas que no están permitidas. El nuevo director ha restringido todas las malas prácticas (…) antes no decían nada porque todo fluía, pero cuando se aplica la norma, obviamente dicen no», afirmó Perea Marrufo.
Las restricciones contemplan medidas higiénicas y revisiones más minuciosas para salvaguardar la integridad de la población penitenciaria, como el uso obligatorio de cubrebocas para evitar brotes de Covid-19 o influenza, así como límites estrictos en el volumen de comida para prevenir enfermedades gastrointestinales, dado que las instalaciones no cuentan con refrigeradores para su conservación.
Asimismo, las inspecciones de los alimentos que ingresan es más rigurosa, pues han detectado intentos de ingresar teléfonos celulares y estupefacientes ocultos en postres, casos que ya fueron turnados ante el Ministerio Público.
De acuerdo con Perea Marrufo, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández realizó una supervisión por el penal para mantener condiciones que garantizan una estancia digna y apego al marco legal.
En ese sentido, el funcionario llamó a familiares y abogados a colaborar con la normatividad y denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión por parte de los custodios, pues advirtió que habrá cero tolerancia y sanciones penales contra el personal que pretenda cobrar por el acceso.