Marco Antonio Ferriz Z.
No puede sino calificarse de batacazo la orden emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) a los gobernadores y gobernadoras morenistas y aliados, de borrar de sus redes sociales el apoyo que el 14 de febrero emitieron a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su iniciativa de reforma eléctrica.
El golpe, por supuesto, lo recibió también la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien en sus redes sociales difundió el comunicado de referencia, dentro del cual se expresa que los ataques recibidos por el presidente tienen su origen en “grupos económicos que perdieron privilegio y que se oponen a una reforma eléctrica que beneficie a la nación y al pueblo de México”.
No sólo fue eso. En clara violación al artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, los y las gobernadoras cometieron, además, el error de colocar un párrafo en su comunicado que dice lo siguiente:
“Se abren universidades, se construye una alternativa de futuro para las y los jóvenes. Se edifica entre otras obras públicas, el aeropuerto Felipe Ángeles, y el de Tulum; el Tren Maya; el corredor transístmico; la refinería Olmeca; se modernizan las refinerías; repotencian las hidroeléctricas; se adquirió la refinería Deer Park; se construye la planta solar en Sonora”.
Más violación flagrante no podía haber, pues el artículo 33 de la ley de referencia establece que “durante el tiempo que comprende el proceso de Revocación de Mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.
El respaldo, como era de suponerse, fue ampliamente difundido en el estado, como también lo fue en aquellas entidades federativas donde el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o aliados, son gobierno.
Lo anterior es un claro indicativo del trabajo político que desee semanas atrás ya realizan los y las mandatarias estatales para que López Obrador sea ratificado en el cargo de presidente de la República.
Sirve como ejemplo el audio filtrado a los medios de comunicación hace apenas un par de días, en que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, veladamente aceptó su intromisión en el ejercicio para la consulta de revocación de mandato, pues dijo que está saliendo a las comunidades a movilizar a sus correligionarios.
¿Habrá alguna duda de que eso mismo -la preparación de movilización para el 10 de abril- no está sucediendo en Tlaxcala? Se guardarán formas, pero trabajo político existe en coordinación con la dirigencia estatal morenista.
Pese al desgaste que en los últimos días ha sufrido la imagen de López Obrador por el escándalo de la denominada “casa gris”, debido a un conflicto de interés en el que está inmiscuido José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, es claro hasta ahora que no habrá problema para que el resultado esté claramente a favor de quien ahora mismo habita Palacio Nacional. La cuestión es la demostración de músculo en las casillas, que sólo se logrará mediante la movilización del aparato gubernamental y partidista.
No hay duda. Así como juegan ahora, así jugarán en la elección presidencial de 2024, por más discursos que haya por parte de López Obrador sobre un irrestricto respeto a la ley. Los hechos han demostrado que no lo hay.
