Condenan organizaciones sociales agresión a periodistas

  • Tras reprobar las acciones del alcalde de Tequexquitla, ofrecieron asesoramiento a directora del periódico digital Agenda Tlaxcala

 
 
Tlaxcala, Tlax; 12 de noviembre de 2019 (Pulso) Arturo Montiel Márquez, presidente del Colegio de Abogados del Altiplano;
Emilio Cortés Romano, presidente de la Barra de Abogados de Contla; Alejandro Delgado, representante de la organización Unidos por un mejor Tlaxcala; Rubén Espinoza, exdirigente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana
entre otros, reprobaron cualquier forma de agresión al trabajo periodístico y a la libertad de expresión.
 
Los abogados citaron el reciente episodio dónde el alcalde de Tequexquitla amenazó a la directora del periódico digital Agenda Tlaxcala.
 
Bajo este tenor ofrecieron dar seguimiento y acompañamiento a este caso, dónde el alcalde emitió amenazas en contra de la directora del portal Agenda Tlaxcala, Judith Soriano,  luego de publicar la detención del presunto hermano del alcalde transportando combustible ilegal en el municipio de Calpulalpan.
 
Arturo Montiel destacó que es la Fiscalía General de la República (FGR) el ente  facultado para determinar si los hechos delictivos fueron comprobados o no y si el caso es posible judicializarlo, empero, señaló que tras la puesta en libertad del presunto responsable el edil utilizó sus redes sociales para burlarse del sistema y hasta de políticos.
 
Frente a estos actos el abogado afirmó «la ignorancia es atrevida y el Alcalde de Tequexquitla es muy atrevido”
 
Finalmente apuntó que no puede haber tolerancia autoridades o servidor público del nivel que sea,  quienes utilicen su posición para atentar contra algún periodista.
 
Reconoció que en la propia FGR y sobre todo en sus Delegaciones Estatales, todavía se carece de personal ministerial debidamente capacitado para integrar de forma correcta las carpetas de investigación, lo que les da la oportunidad a presuntos responsables de un delito, de poder librar un proceso legal en su contra, a pesar de que haya sido encontrado en flagrancia.

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