Por: Adriana Dávila Fernández
En octubre de 2019, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, no sólo insinuó, sino que incitó a la violencia en mi contra. Por ese motivo, interpuse recursos jurídicos ante diversas instancias, entre ellas, el Instituto Nacional Electoral (INE), por agresión verbal y moral ante el riesgo de generar violencia física hacia mi familia y mi persona.
Parecía que la amenaza, la incitación a la violencia de género y la exposición de mi integridad física y moral, sería uno más de los tantos casos que se presentan en este México que ha llegado a cifras inimaginables de agresiones a mujeres y que en la mayoría de las veces, quedan sin resolver.
Hoy, después de casi un año de espera, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió su resolutivo para que Fernández Noroña ofrezca una disculpa pública por las expresiones de violencia en mi contra, y que, a su vez, realice un curso en línea sobre sensibilización para no cometer actos de violencia contra las mujeres. Así lo expresó la Consejera Zavala: «una disculpa pública, porque eso también daña la imagen de la diputada y la orden de no repetición, que tiene que ver con transformar su forma de actuar en lo que es el género, masculinidades y actuar en general como servidores y servidoras públicas en esta democracia que, hoy por hoy, exige cero tolerancia a cualquier tipo de violencia política contra las mujeres por razón de género«.
Esta resolución, que se da en la «Legislatura de la Paridad de Género», sienta un precedente para que toda mujer que sufra agresiones de cualquier tipo, alce la voz sin temores, y para que todos aquellos que pretendan lastimar, ofender y cometer violencia política en nuestra contra, sepan que puede haber consecuencias si lo hacen. Después de tantos años en que se ha denostado nuestra participación política, con expresiones violentas de descalificación, este es un pequeño avance para que las mujeres ejerzamos nuestro derecho a defendernos contra la calumnia y el abuso.
Celebro que la autoridad electoral se haya manifestado por garantizar nuestra seguridad ante el riesgo constante de la palabra violenta o del acto violento en razón de género. Por ello, resulta de gran relevancia que, además de que se dé cumplimiento al mandato del INE, no se repitan estas acciones y así acabar con la impunidad ante la costumbre de agredir.
Si queremos que cambien los patrones culturales que lastiman y faltan al respeto a las mujeres, no podemos quedarnos calladas; hay que actuar para defender la dignidad, la trayectoria y la honorabilidad de quienes nos desempeñamos en los cargos públicos. No debemos permitir ni justificar que se siga normalizando la violencia en razón de género, ni en este ni en ningún otro ámbito, solo porque es común que veamos que sucede en cualquier lugar y en cualquier momento.
La violencia es agresión y es nuestro deber prevenirla y, cuando exista, denunciarla para que se sancione a quien la cometa. Hoy se hace necesario erradicarla de nuestra sociedad. Debemos dar continuidad a todo esfuerzo que luche en contra de la violencia política, de la misoginia, los complejos y la venganza, porque nadie debe agredirnos.
Tenemos que romper esquemas masculinos, en la legítima defensa de nuestros derechos, tarea que se torna complicada por las resistencias que se generan. Las mujeres debemos unirnos para exigir respeto y una vida libre de violencia en todos los espacios de convivencia, sean sociales o políticos.
